Alfredo Cornejo en Casa de Gobierno junto a su equipo de gestión.

Las recientes declaraciones juradas (DDJJ) de los principales funcionarios del Gobierno de Mendoza dejaron al descubierto una radiografía actualizada del patrimonio del poder político provincial.

De acuerdo con la normativa vigente, las autoridades provinciales deben presentar sus DDJJ antes del 1 de marzo de cada año, tomando como fecha de corte el 31 de diciembre del período anterior.

El análisis de los documentos oficiales, que pueden consultarse a través del sitio web de la Auditoría General de Ética Pública, permite detectar algunos movimientos puntuales en los bienes declarados por el gobernador Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado y los ministros que integran el Gabinete.

El panorama general muestra un equipo de gestión con pocas modificaciones estructurales, parecen algunas variaciones vinculadas principalmente a la renovación de vehículos, actualizaciones en los avalúos fiscales y movimientos inmobiliarios puntuales.

La DDJJ de Cornejo

Uno de los hallazgos más relevantes del cruce de datos aparece en la declaración jurada de Cornejo. Por primera vez en los registros públicos disponibles, el mandatario consignó la tenencia de títulos, acciones y otros valores cotizables en bolsa o en distintos mercados.

Otros tres funcionarios realizaron este tipo de inversiones, aunque la documentación pública no detalla el tipo de instrumentos ni los montos involucrados. Dos ya lo habían declarado en el ejercicio 2024 y repitieron el año pasado: la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. El que se sumó a la tendencia en 2025, además de Cornejo, fue el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Además, en noviembre pasado ingresó al patrimonio familiar del gobernador un Honda ZR-V modelo 2025, registrado a nombre de su esposa (Ndr: Cornejo está separado de hecho, pero legalmente está obligado a declarar el patrimonio de su cónyugue). Ese movimiento implicó la salida del Peugeot 308 modelo 2015, que figuraba en la presentación del año anterior.

Las camionetas nuevas

La renovación de vehículos aparece, de hecho, como uno de los movimientos patrimoniales más visibles dentro del Gabinete durante el último período.

Uno de los casos más claros es el del ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. En su última declaración jurada ya no figura la camioneta Fiat Toro Volcano modelo 2018 y en su lugar aparece una Ford Ranger 0 KM. También se registraron cambios en el entorno familiar del ministro de Salud, Rodolfo Montero. En la nueva declaración aparece una Ford Territory 0KM a nombre de su cónyuge, mientras que dejaron de figurar en el patrimonio una Ford Kuga y una moto Honda XRE 300, declaradas en la presentación anterior

Poco movimiento inmobiliario

Si el análisis se traslada al plano inmobiliario, los movimientos registrados dentro del Gabinete son más acotados. Sin embargo, uno de los cambios más relevantes vuelve a aparecer en el entorno familiar del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la declaración jurada presentada este año, la cónyuge de Montero adquirió un departamento. Además, amplió su participación en otro inmueble que ya formaba parte del patrimonio familiar, pasando de poseer un tercio a dos tercios de la propiedad.

La actualización fiscal                     

Más allá de estos casos puntuales, la mayoría de los ministros mantuvo prácticamente intacta la composición de sus bienes entre ambas declaraciones juradas. Las diferencias más significativas que surgen del análisis patrimonial no siempre están asociadas a nuevas adquisiciones, sino a la actualización de los avalúos fiscales consignados para los bienes.

El caso más marcado surge en la declaración del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. La vivienda que comparte con su cónyuge registró un fuerte salto en su valuación fiscal (600%).

Mientras que en la declaración jurada de 2025 el inmueble figuraba con un avalúo cercano a 34 millones, en la presentación correspondiente a 2026 ese valor supera los $245 millones. Según pudo averiguar El Sol, dicho incremento se debe a que adquirió el lote contiguo y unificó la propiedad.

Algo similar ocurre en el patrimonio de Cornejo: el lote a su nombre pasó de un avalúo de 18.357.13 en 2025 a 3.908.836 en 2026.

En contraste, varios integrantes del Gabinete mantuvieron exactamente los mismos valores fiscales para propiedades y automóviles que habían declarado en 2025, sin modificaciones pese al paso del tiempo.

Otros ingresos y las deudas                                                                

Cuatro funcionarios declararon ingresos, más allá del que perciben por su función pública. Cornejo declaró percibir ingresos netos anuales derivados de sistemas previsionales, correspondientes a Lucía Panocchia. Fayad mantiene su perfil como docente y percibe gastos de representación, mientras que Mema reportó ingresos por servicios comerciales independientes. Montero hizo lo propio con el cobro de alquileres.

En tanto, Hebe Casado y Rus no registraron actividades privadas propias pero informaron el desempeño de sus cónyuges como oftalmólogo y fiscal ad hoc, respectivamente.

El caso de Jimena Latorre, de la cartera de Energía y Ambiente, marca un cambio de perfil. En su última presentación no figuran ingresos por otras actividades como sí declaró en el ejercicio 2024, cuando detalló ingresos por la venta de indumentaria y honorarios por su participación en el directorio de YPF.

Por otra parte, los únicos cuatro funcionarios declararon tener “participación en sociedades que no cotizan en bolsa o en explotaciones unipersonales” fueron Casado, Mema, Montero y Vargas Arizu, que ya contaban con esos activos financieros en 2024 y repitieron el año pasado.

En materia de pasivos financieros, las DDJJ revelan que ningún funcionario del Gabinete provincial contrajo deudas nuevas durante el periodo 2025. Los registros confirman que solo García Zalazar, Mema y Rus mantienen obligaciones financieras vigentes, las cuales ya habían sido reportadas en sus presentaciones del año anterior, ratificando así la persistencia de sus compromisos previos.

En tanto, se detectó la desaparición del rubro de créditos y deudas en los últimos informes públicos de Cornejo, Fayad y Latorre, quienes sí habían declarado pasivos en el ejercicio anterior.

Hebe Casado

La vicegobernadora mantiene sus participaciones en casas y departamentos en construcción, así como una Toyota Hilux y un Toyota Yaris con su cónyuge. También declara ser inquilina de un departamento por 3 años.

Natalio Mema

El ministro de Gobierno mantiene su casa, un lote adquirido a fines de 2024, una Jeep Wrangler y una Vespa. Declara créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes.

Mercedes Rus

La ministra de Seguridad conserva las mismas participaciones en un departamento, un lote, un Fiat Cronos y una Toyota Hilux. Declara créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes.

Víctor Fayad

Continúa con el 50% de una casa y el 50% de una Hilux SW4 (compartidos con su cónyuge). Se trata de la camioneta robada y recuperada pocos días después en Tucumán.

Rodolfo Vargas Arizu

El ministro de Producción cuenta con un extenso patrimonio de campos, casas y departamentos, además de tres vehículos (Nissan Frontier, Jeep Renegade y una moto Honda). La DDJJ permanece idéntica a la de 2025.

Rodolfo Montero

El ministro de Salud cuenta con una larga lista de propiedades, tanto suyas como de su cónyuge. Se registraron dos vehículos: un Volkswagen TAOS y un FORD Territory 2025.

Tadeo García Zalazar

El ministro de Educación, Cultura e Infancias solamente tiene a su nombre la mitad de su casa. El resto corresponde a su cónyuge. A su vez, adquirió una FORD RANGER – 2025. Su esposa posee un Toyota Corolla Cross XEI Hv 1.8 ECVT 2022. García Zalazar declara créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes.

Jimena Latorre

La ministra de Energía y Ambiente declaró un vehículo WV Taos, 2024 y un alquiler de casa para el período 2024-2027.

Mirá las DDJJ completas de la vicegobernadora y de los ministros

Qué dice la ley

Los funcionarios públicos están obligados a presentar sus DDJJ anualmente, según lo establece la Ley 8993, vigente en Mendoza desde 2017.

Se trata de uno de los pocos instrumentos disponibles para observar la evolución patrimonial de quienes ocupan los principales cargos del Estado.

Sin embargo, el alcance de la información disponible tiene límites. Aunque las declaraciones son públicas, los documentos accesibles contienen información parcial y no permiten reconstruir con precisión el patrimonio total de los funcionarios.

En la mayoría de los casos, las presentaciones detallan principalmente bienes registrables -como viviendas y vehículos- pertenecientes a los funcionarios o a sus cónyuges.

Además, los valores consignados en los documentos no corresponden al precio real de mercado de esos bienes, sino únicamente al avalúo fiscal, una referencia administrativa utilizada con fines tributarios.