El Gobierno nacional promulgó parcialmente el presupuesto nacional con “una salvedad” en uno de los artículos referidos a las distribuidoras eléctricas. Ese cambio que se dispuso provocó el enojo y malestar de las autoridades locales, que señalaron que la Nación seguirá “perjudicando a las provincias”.
Durante el tratamiento de la pauta de gastos, los legisladores mendocinos de Juntos por el Cambio se resistieron a algunos puntos del artículo 89, incluso lograron que se quite la “responsabilidad solidaria” de las provincias si las distribuidoras no pagaban su deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Sin embargo, ahora el presidente Alberto Fernández observó el tercer párrafo de ese artículo, que autorizaba aumentos a las eléctricas para que le puedan pagar a Cammesa. En el proyecto aprobado se otorgaba un periodo de 90 días para que las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) publiquen los cuadros tarifarios. Con ese veto parcial, Edenor y Edesur, que concentran el 50% de la deuda, no actualizarán sus tarifas.
Molestia
Uno de los que mostró su malestar fue el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, que se refirió al perjuicio que esa decisión traerá para Mendoza.
“La tarifa que no pague el usuario del AMBA la va a seguir pagando el Tesoro Nacional, por lo tanto, aumenta la inflación porque lo pagan con emisión. Además, aumenta la brecha entre el interior y el AMBA”, explicó el funcionario de Rodolfo Suarez.
La visión de Mema es que ese “congelamiento de tarifas” para la distribución no se puede hacer en el resto del país. “Esto agranda aún más la brecha de desigualdades entre el AMBA y el interior. Es una medida que profundiza y aumenta la crisis económica en las provincias”, sintetizó.
En Mendoza, según los cuadros tarifarios vigentes, los usuarios pagan la luz más del doble que los porteños y bonaerenses. A diferencia de lo que ocurre en Capital Federal, la provincia viene realizando las revisiones tarifarias y durante el 2022 la tarifa tuvo tres aumentos del Valor Agregado de Distribución (VAD).
En la misma línea que Mema se expresó la diputada nacional radical, Jimena Latorre, que aseguró que “pierden los usuarios”.
“Esto perjudica a Mendoza, porque acá pagamos lo que corresponde y vamos a bancar con impuestos e inflación lo que no paguen esas distribuidoras”, explicó la legisladora.
Por las redes sociales, Latorre fustigó al ministro de Economía, Sergio Massa, por este tema. “Los contribuyentes del interior siguen pagando sus servicios más caros y con impuestos aportando para que los del AMBA sean más baratos”, se quejó.
La “salvedad”
El presupuesto se promulgó a través del decreto 799, publicado en el Boletín Oficial. La observación realizada en el artículo 89 señala: ese punto del proyecto aprobado dispuso que “dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un período no mayor a noventa (90) días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”.
Si bien la Nación aclaró en los considerados que “la redacción empleada en dicho párrafo y finalmente incorporada a la norma sancionada ha sido definida en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación”, remarca de inmediato “que dicho párrafo regula cuestiones vinculadas con los cuadros tarifarios, las cuales no se ajustan a los marcos regulatorios vigentes”.
Por lo tanto, “en virtud de lo expuesto, y toda vez que podría ser considerado como una intromisión en el ámbito provincial, ya que la regulación en el sistema de distribución de la energía eléctrica es de competencia provincial/municipal, excediendo las facultades delegadas a la Nación, resulta necesario observar el tercer párrafo del artículo 89 del proyecto de ley sancionado”, señala.