Sintomático, al subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, lo vieron por el cuarto piso de los Tribunales provinciales con más asiduidad que cuando era un penalista privado y recorría los pasillos del Palacio Judicial para enterarse de la marcha de sus causas. Esta vez, lo hacía como funcionario. Y un par de veces en pocos días lo vieron entrar al mismo despacho: el del ministro de la Corte, Herman Salvini.
El radicalismo quería voltear al fiscal Daniel Carniello. No interesaba mucho si las pruebas en su contra eran contundentes o no. Para el oficialismo, más que un Jury de Enjuiciamiento era la posibilidad de un juicio político. Y así se operó.
Un viejo conocedor de temas judiciales había vaticinado el resultado de la votación en la denuncia contra el otrora fiscal especial desplazado y limitado a la superficie de Guaymallén, a donde lo mandaron como si se tratara de un castigo. Su única duda era si terminaría 13 a 8 o 12 a 9. Estaba convencido de que los ocho integrantes del Jury de la UCR iban a votar en contra de Carniello, pero no podía garantizar si algún miembro de la Corte también se daría vuelta.
Los radicales Emilio Campos, Jorge Albarracín, Beatriz Varela, Jorge López, Miguel Bondino, Juan Carlos Jaliff, Jorge Palero y Marcelo Rubio votaron tal como se preveía y pidieron el juicio a Carniello. Pero no estuvieron solos. Desde el máximo tribunal también llegó acompañamiento que se veía venir: Herman Salvini.
El resto de la Corte (también se sumó la camarista Gladys Marsala) y los legisladores del PJ le dieron la derecha a Carniello. Sin embargo, la historia no terminó allí.
El proceso que comenzó a fines de noviembre del año pasado desnudó métodos y situaciones puntuales que muestran el estado en que se encuentra la Justicia local; desde cuestiones pintorescas hasta el manejo discrecional de recursos.
Por ejemplo: la presencia de Marsala en la comisión de Jury respondió estrictamente a la imposibilidad de contar con el presidente de la Corte, Pedro Llorente, los días jueves. Es el momento de la semana en que el ministro se sube a un auto oficial y parte hacia San Rafael para estar con su familia. La escena se repite cada siete días. Esta semana, en particular, su ausencia fue por estar de viaje en una reunión de magistrados en Santa Fe.
La causa contra Carniello se originó a partir de una investigación federal. El juez Walter Bento había ordenado una escucha telefónica en el marco de una causa por narcotráfico. El resultado fue negativo. La persona auscultada no piso nunca el palito en temas vinculados con la venta de drogas, pero los pesquisas informaron que era un potencial estafador y que tenía comunicaciones con funcionarios policiales y judiciales; uno de ellos, era el fiscal de Delitos Complejos.
El procedimiento era simple. Bento debería haber sacado una compulsa a la Justicia ordinaria y enviar ese informe como potencial prueba al fiscal que tomara el caso. Nada de eso existió.
El juez federal tomó un sobre, metió la información que tenía y se la entregó al procurador Rodolfo González para que actuara como creyera. Meses después de tener ese sobre cajoneado, de un día para el otro, el procurador le sacó el polvo y activó un expediente.
El hecho coincidió con las imputaciones que Carniello había hecho en contra del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, y del ministro de Hacienda, Juan Gantus.
La primera impresión fue vincular un caso con otro. Una suerte de represalia política en contra del fiscal. Con el pasar de las semanas, esas hipótesis se fueron desvaneciendo y comenzó la tomar fuerza la única que parecía insólita: que González que había actuado de esa manera por pedido de su hija, Silvina, defensora oficial y ex pareja de Carniello. Un asunto personal que terminaba con un fiscal desplazado. Claro que el momento había sido inoportuno y dejó expuesta la poca cintura política que tuvo el procurador.
González, un consumidor compulsivo de medios de comunicación, pero con cierto recelo a tener contacto con ellos, puso en la trinchera a su ladera, María Teresa Day, a quien muchos señalan como la verdadera jefa de los fiscales.
Day llegó a ese lugar sólo porque González así lo quiso. Un día decidió que debía tener un cargo y la llevó como responsable de la Coordinación General del Ministerio Público.
Day es el nexo entre el procurador y los fiscales. Es quien baja línea; quien decide qué causa debe impulsarse, cuál debe pasar a la Fiscalía Especial, y es la persona con la que hablan jueces y abogados influyentes cuando buscan orientar o reorientar el curso de una investigación.
El desplazamiento de Carniello de Delitos Complejos vino de la mano del nombramiento de Juan Manuel Bancalari en su lugar. Todavía no está claro por qué fue elegido para el puesto. Meses antes, como fiscal de Guaymallén, había recibido un fuerte reto porque desde la Procuración no comulgaban con su forma de trabajo.
Se especuló con su cercanía a Juan Carlos Jaliff. De hecho, llamó la atención que fuese el “viejo lobo de mar” radical el que pidiera en el Jury que se estudiara a fondo la nueva acusación contra Carniello, fundamentada en un expediente que reactivó Bancalari. Eso es tan difícil de demostrar como la bronca de la hija de González o que Salvini votó como votó por las visitas de D’Agostino.
La pregunta es por qué el radicalismo se quería cargar a Carniello cuando, en teoría, había imputados a ex funcionarios justicialistas. Además, en los últimos años, son numerosos los fiscales que zafaron.
La respuesta, para algunos, va más allá del nombre propio. El objetivo del oficialismo era demostrar que el poder lo tiene el gobernador, Alfredo Cornejo, y que ir hacia delante con el Jury era un mensaje adoctrinador para todos, independientemente del nombre.
Cornejo logró domesticar a los gremios y ponerle los puntos a la Corte en materia de política de seguridad. Su construcción de poder estaría completa si lograra ganar la pulseada que perdieron los dos últimos gobernadores: sacar a Rodolfo González de la Procuración.
Si lo logra, el candidato para asumir en ese cargo es Alejandro Gullé, un camarista penal amigo del radicalismo, de orientación centro derecha y cuyo nombre sonó durante la gestión de Julio Cobos para ir a la Corte, aunque finalmente Alejandro Pérez Hualde fue el elegido.
La sesión de la comisión de Jury de Enjuiciamiento de este jueves no fue una más. Sus resoluciones ponen al Poder Judicial frente a una situación compleja.
Primero, habrá que ver qué sucede con Carniello con la ampliación de denuncia pedida desde la Procuración. Después, el fiscal tiene dos opciones: una sería renunciar, como una señal de desencanto con el manejo del mundo de los fiscales. La otra, es reclamar su cargo natural, que es del juez de Garantías. Cuando se modificó el Código Procesal Penal de la provincia, Carniello era juez de Instrucción. Su destino era un juzgado de Garantías, pero, en su momento, al igual que Luis Correa Llano y Eduardo Martearena, decidió convertirse en fiscal especial.
Segundo: Rodolfo González recibió un golpe aún más duro que el rechazo a la acusación contra Carniello. El Jury desestimó y archivó una denuncia que databa del año 2011 contra las juezas civiles María Lizán y Adriana Rodríguez. La votación, en este caso, fue unánime. Con una argumentación contundente: “No solo que no existió delito, sino que tampoco hubo una acción concertada entre las magistradas denuncias, en consecuencia no se configura el mal desempeño”.
A las juezas las habían denunciado por armar una red de ventas de bebés en el Valle de Uco. Nunca hubo una prueba concreta. De hecho, la denuncia se archivó en 2011, hasta que meses después y por orden del procurador, el fiscal Javier Pascua pidió el desarchivo.
En 2013 las juezas fueron suspendidas. Y desde ese momento hasta hoy, nunca apareció un elemento que permitiera determinar la veracidad de la denuncia. De hecho, se ordenó que se investigara al fiscal Pascua por dilatar la causa.
Este jueves, la comisión de Jury de Enjuiciamiento ordenó reintegrar después de tres años a las juezas a sus funciones. La Corte deberá ver qué hacer con los magistrados que ya habían sido nombrados para reemplazarlas. Además, no se descarta que Lizán y Rodríguez inicien una demanda en contra del Estado mendocino por los daños ocasionados durante todos esto tiempo.
Y si eso ocurre, todos mirarán hacia el despacho del González, como el responsable administrativo y político de eso.
