Jorge Gamal Abdel Chamía, el juez federal de La Rioja que como integrante subrogante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza le concedió a Walter Bento un régimen que le permite salir de la cárcel los fines de semana, quedó envuelto en un nuevo escándalo en su provincia.
La polémica más reciente que involucra a Chamía se originó con la designación de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe como jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja. El nombramiento se formalizó mediante el Acuerdo 18/2026, del 15 de octubre, con los votos favorables del propio Chamía y del camarista Mario Eduardo Martínez. El tercer integrante, José Camilo Quiroga Uriburu, votó en disidencia.
La funcionaria es hija del juez Daniel Herrera Piedrabuena, lo que agregó un elemento de tensión. Se trata del magistrado había tenido a su cargo la investigación contra Chamía por una denuncia de presunto acoso sexual y violencia laboral presentada por una empleada judicial.
El nombramiento generó cuestionamientos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que presentó un recurso para que se revise la designación. El gremio sostiene que la decisión alteró el escalafón y dejó postergados a trabajadores con mayor antigüedad. Aclaró que su planteo no apunta a cuestionar la capacidad profesional de la funcionaria, sino el procedimiento utilizado para cubrir el cargo.
Daniela Herrera Piedrabuena Iturbe salió al cruce de las críticas con un comunicado en el que defendió sus antecedentes y la legalidad de la designación. Sostuvo que no registra sanciones disciplinarias y que obtuvo el tercer lugar en el orden de mérito de un concurso del Ministerio Público Fiscal. Además, aseguró que respetará lo que se resuelva sobre la impugnación presentada por el gremio.
La denuncia contra Chamía
La presentación contra Chamía fue realizada por María Emilia Galván, una empleada del tribunal, en febrero en Buenos Aires y llegó inicialmente al juzgado federal de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente. Luego fue remitida a La Rioja y quedó bajo la órbita de Herrera Piedrabuena, quien delegó la investigación en la fiscalía.
Al responder públicamente sobre el caso, Chamía negó las acusaciones y calificó los señalamientos como “inverosímiles y aberrantes”. Afirmó que prácticamente no conocía a la denunciante y que nunca había mantenido un diálogo con ella durante el tiempo que compartieron el ámbito judicial.
El juez reconoció un único encuentro en su despacho, al que la empleada habría ingresado acompañada por una secretaria para plantear un problema que, según su relato, había tenido en otro juzgado. También negó haber coincidido con ella en un casamiento y en los ascensores del edificio de tribunales.
El beneficio que le concedió a Walter Bento
El nombre de Chamía quedó asociado a una decisión que tuvo impacto directo en Mendoza. El 7 de octubre se conoció que, como juez subrogante del Tribunal Oral Federal N°2 de esta provincia, había autorizado a Bento a salir del Complejo Penitenciario Federal VI de Cacheuta los viernes por la mañana y regresar los lunes a las 14.
La medida le permite al exjuez federal pasar buena parte de cada semana en su vivienda del barrio Palmares, en Godoy Cruz. Sin embargo, no se trata de una prisión domiciliaria: el tribunal rechazó el pedido para que cumpliera la detención de manera permanente en su casa y dispuso una ampliación del régimen de vinculación familiar que ya tenía.
La autorización fue definida como “excepcional, provisoria y revisable”. Para justificar el beneficio, la defensa señaló el deterioro de la salud de Marta Boiza, esposa de Bento y principal cuidadora de uno de los hijos del matrimonio, Facundo, quien tiene una discapacidad severa y necesita asistencia para actividades cotidianas.
Boiza arrastra problemas de salud desde 2024, cuando sufrió una fractura de tibia y peroné, seguida de infecciones y otros tratamientos. Chamía consideró que la presencia del padre podía aportar una contención afectiva que no necesariamente reemplazan los cuidados profesionales. La defensa también presentó informes sobre la respuesta favorable de Facundo cuando está con su padre.
El régimen establece que el Servicio Penitenciario Federal debe trasladar a Bento entre la cárcel de Cacheuta y su domicilio en Godoy Cruz. Además, Gendarmería Nacional debe realizar controles aleatorios en la vivienda y se ordenó evaluar la factibilidad de instalar una tobillera electrónica. La medida puede revisarse si cambia la situación familiar o si una instancia superior modifica la decisión.
Bento permanece detenido desde noviembre de 2023. El 6 de febrero de 2026, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión por considerarlo jefe de una asociación ilícita y responsable de ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y delitos vinculados con la ocultación y destrucción de pruebas. También recibió inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 540 millones de pesos.
La objeción de la Fiscalía
La Fiscalía se había opuesto a la ampliación del beneficio. Uno de sus principales argumentos fue que Facundo ya contaba con una estructura de asistencia permanente, integrada por cuidadoras durante las 24 horas, profesionales de la salud, tratamiento kinésico, concurrencia a un centro de día y transporte adaptado.
Para el Ministerio Público Fiscal, esa red de cuidados garantizaba la atención cotidiana del joven y no justificaba una modificación de semejante magnitud en las condiciones de detención de Bento.
La fiscalía también cuestionó que el exjuez pudiera permanecer fuera de la cárcel desde el viernes por la mañana hasta el lunes a las 14, lo que representa casi la mitad de la semana. Además, señaló que Facundo concurre al centro de día los viernes y los lunes por la mañana, precisamente durante parte del período en el que su padre tiene autorizada la permanencia en el domicilio familiar.
Otro de los argumentos del recurso fue la diferencia con otros casos judiciales en los que se rechazaron pedidos de prisión domiciliaria de padres que tenían hijos menores con discapacidad y necesidades de asistencia permanente. El Ministerio Público Fiscal cuestionó la resolución y solicitó que se revoque el punto que amplió las salidas y sus disposiciones complementarias.