A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza ratificó la sanción impuesta a un oficial principal de la Policía de Mendoza. La medida, que lo castiga con veinte días de suspensión, fue confirmada luego de que la Provincia desestimara el recurso jerárquico presentado por el efectivo.
El caso, que se extiende a lo largo de varias tramitaciones, se remonta a una serie de autopropuestas para ascensos realizadas por el oficial entre los años 2009 y 2017. Durante ese período, el uniformado se postuló para promocionar su grado jerárquico a pesar de estar inmerso en un proceso penal desde 2008, por el cual fue condenado en 2017.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza había rechazado previamente la apelación del agente, una decisión que ahora el decreto provincial confirma. El argumento central se basa en que la Ley N° 6722, que rige al personal policial, establece claramente en su artículo 185 que un requisito indispensable para la promoción es “no encontrarse bajo sumario administrativo o proceso penal“.
Según los considerandos del decreto, si bien la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad tiene la responsabilidad de verificar estos requisitos, el oficial “se apartó de la legislación vigente“. La normativa, que todo miembro de la fuerza debe conocer y observar, fue ignorada al postularse sabiendo que no cumplía con una de las condiciones clave para el ascenso.
El recurso jerárquico y la decisión final
El recurso presentado por la defensa del oficial fue admitido en su aspecto formal, lo que significa que se presentó en tiempo y forma, pero fue rotundamente rechazado en su aspecto sustancial. Esto valida la sanción original, que había sido modificada de 36 a 20 días de suspensión por la Junta de Disciplina.
El decreto señala que la conducta del oficial transgredió el artículo 8° de la Ley N° 6722, que obliga a los miembros de la Policía a actuar “conforme con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes“. En este sentido, la decisión final del Gobierno de Mendoza confirma que la sanción disciplinaria es legítima y razonable, al considerar que la conducta del efectivo policial se apartó de las obligaciones de su cargo.
Con la publicación de este decreto, al oficial aún le queda la opción de interponer una acción procesal administrativa en un plazo de 30 días.