El Gobierno de Mendoza rechazó dos recursos jerárquicos presentados por efectivos de la Policía provincial que cuestionaban decisiones adoptadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Los decretos, firmados por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus, fueron publicados este martes en el Boletín Oficial y ratifican criterios administrativos sobre los ascensos dentro de la fuerza y el reconocimiento de adicionales salariales por títulos académicos.
En ambos casos, el Ejecutivo provincial respaldó los dictámenes de la Asesoría de Gobierno y confirmó las resoluciones emitidas por Seguridad. Sin embargo, los planteos abordaban cuestiones diferentes: uno estaba vinculado con un procedimiento de promoción en la carrera policial y el otro con la continuidad del adicional por el título de enfermera profesional.
Rechazaron el reclamo de un oficial que buscaba ser promovido
El primer caso corresponde a un oficial inspector, quien interpuso un recurso jerárquico luego de que la cartera de Seguridad rechazara un planteo previo relacionado con el proceso de ascensos ordinarios de 2024.
El efectivo cuestionó que, para acceder a la promoción, se exigiera haber aprobado el Plan Anual de Capacitación Obligatoria y el Plan de Acondicionamiento Físico correspondientes a 2024. Según sostuvo, ese requisito generaba un trato desigual respecto de convocatorias anteriores y vulneraba principios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Constitución.
No obstante, la Asesoría de Gobierno concluyó que el verdadero obstáculo para su ascenso era que no reunía el tiempo mínimo de permanencia en el grado exigido por la normativa, situación que había sido determinada previamente por la Dirección de Capital Humano y Capacitación. Además, recordó que el ascenso en la carrera policial no constituye un derecho adquirido, sino una expectativa sujeta al cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes.
Con esos fundamentos, el Gobierno admitió formalmente el recurso, pero lo rechazó en cuanto a su contenido, dejando agotada la vía administrativa. El oficial sólo podrá continuar el reclamo mediante una acción procesal administrativa ante la Justicia.
Rechazo de un recurso por el adicional de enfermera profesional
El segundo decreto involucra a la auxiliar primera, quien recurrió la decisión del Ministerio de Seguridad de mantener vigente una declaración de lesividad sobre una resolución que le había reconocido el adicional salarial correspondiente al título de “Enfermera Profesional“.
La policía sostuvo que la Administración había actuado de manera arbitraria al iniciar la acción de lesividad y argumentó que debía aplicarse el principio pro homine para preservar el beneficio económico derivado de su formación académica.
Sin embargo, la Asesoría de Gobierno consideró que el recurso era formalmente improcedente porque la declaración de lesividad no constituye un acto administrativo que produzca efectos jurídicos directos, sino un requisito previo para que el Estado pueda promover una acción judicial destinada a discutir la legalidad del beneficio otorgado. El organismo citó además jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para sostener ese criterio.
En consecuencia, el Gobierno rechazó el recurso por improcedente y aclaró que esa decisión tampoco puede ser cuestionada mediante una acción procesal administrativa, conforme a lo previsto en la Ley 9003.