El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó dos pedidos de efectivos policiales que fueron sancionados por actitudes disciplinarias. Ambos casos han sido formalmente admitidos pero desestimados en cuanto al fondo, ratificando las decisiones previas de las autoridades del ministerio de Seguridad y Justicia a cargo de Mercedes Rus.
El primer caso involucra a un Subcomisario, quien fue sancionado en 2024. El castigo, emitido por Resolución 2521-SyJ/2024, fijó una pena de 25 días de suspensión debido a una falta disciplinaria grave. Según el dictamen de la Asesoría de Gobierno, se acreditó que el efectivo abusó de su autoridad para beneficiarse en la resolución de un conflicto contractual personal, utilizando su posición jerárquica de manera indebida.
El recurso interpuesto por el subcomisario argumentaba la falta de pruebas concluyentes y la supuesta existencia de contradicciones en las declaraciones testimoniales. Sin embargo, el análisis de la Asesoría de Gobierno determinó que la sanción impuesta era legítima y ajustada a derecho.
En el informe se destaca que la resolución sancionatoria fue clara, fundamentada y sustentada en pruebas testimoniales que demostraban el abuso de poder. Por este motivo, el Decreto 363/2025 confirmó la sanción, dejando firme la suspensión impuesta.
El segundo caso corresponde al ex oficial principal, quien fue dado de baja de la fuerza por disposición del Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Resolución 1152-SyJ/2024. El agente había solicitado la acumulación de sumarios administrativos en curso y la suspensión de su baja obligatoria, argumentando que las sanciones aplicadas aún no estaban firmes y que existía una expectativa real de revertirlas.
Sin embargo, el análisis del caso determinó que la acumulación de expedientes es una facultad de la administración y no un derecho del recurrente. Además, se concluyó que las sanciones adquirieron firmeza al notificarse y resolverse las impugnaciones previas.
Asesoría de Gobierno sostuvo que no existe una vinculación directa entre la acumulación de sumarios y la validez de las sanciones impuestas. En consecuencia, el Decreto 364/2025 rechazó su recurso y confirmó su desvinculación definitiva de la fuerza policial.
Ambos decretos, firmados tanto por Cornejo como por Rus, remarcan el criterio de firmeza y razonabilidad en las decisiones disciplinarias dentro de la Policía de Mendoza. El Ejecutivo consideró que ha demostrado una postura estricta en la aplicación de medidas disciplinarias, con el objetivo de reforzar la transparencia y la integridad dentro de la fuerza de seguridad.
Por último, en el Ejecutivo señalaron que este tipo de sanciones buscan mantener un estándar de conducta riguroso dentro de la institución, asegurando que los efectivos cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad y servicio a la comunidad.