La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este jueves el paquete de Seguridad en la Legislatura, compuesto por once leyes, que apuntan tanto a resolver delitos menores, pero también se enfoca en el sector de la seguridad privada. También, propone cambios en las penas para conductores alcoholizados y sumar los juicios por jurado en las causas que van a debate por robo agravado y delitos mayores.
La funcionaria, que estuvo acompañada por la primera plana del Ministerio, remarcó que la iniciativa cuenta con cinco ejes y que no le significará un financiamiento extra al Gobierno de Alfredo Cornejo.

El paquete ingresó por la Cámara de Diputados y tomará estado parlamentario la semana que viene. Luego, comenzará su primer tratamiento en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Los ejes centrales de la Reforma de Seguridad presentada por el Ejecutivo van sobre la prevención de delitos menores, otorgar nuevas facultades a las fuerzas de Seguridad y agilizar las investigaciones judiciales. A su vez, habrá cambios en el Servicio Penitenciario Provincial sobre un nuevo control a los ex convictos.
Los puntos más relevantes
Durante su presentación, Rus remarcó que siete de los once proyectos del paquete de Seguridad apuntan a la prevención general de los delitos menores como de su posterior juzgamiento. En línea, también están incluidos las facultades que se le otorgarán a las fuerzas policiales para estos casos.
“Este primer eje apunta a la prevención general, queremos darle la batalla a lo que es el robo de bienes, celulares y bicicleta. Nuestra intención es atacar un mercado hostil que ha crecido durante los últimos años en Mendoza. Si apuntamos ahí, creemos que podemos mermar en estos delitos“, enfatizó la funcionaria.
Otro punto que valoró la responsable de la cartera de Seguridad y Justicia de la Provincia es la regularización de la Seguridad Privada. Para la exsenadora provincial, este rubro necesita una “mayor profesionalización para alejarla de la clandestinidad“.
Mendoza cuenta con una normativa que controla la seguridad privada que fue sancionada en 1997. En la actualidad, hay 175 empresas habilitadas en la provincia y más de 10 mil personas están registradas para trabajar como vigilantes en este sector.
Los juicios por jurado también forman parte de esta reforma que pretende implementar la gestión Cornejo. El borrador señala una mayor participación ciudadana en casos más graves.
“El tercer eje tiene que ver con el juzgamiento por parte de la sociedad a través de juicios por jurado. Nosotros aquí estamos incorporando el homicidio simple cuando no es con arma de fuego y estamos incorporando el robo agravado por lesiones graves y gravísimas. Es un tema que le interesa a la sociedad“, justificó Rus.
Otras de las modificaciones que pretende la ministra es sobre la Ley de Tránsito y del Código Contravensional para los conductores que den positivo en los controles de alcoholemia o que produzcan accidentes en ese estado.
“Nosotros tenemos problemas con las alcoholemias de más de un gramo por litro, venimos teniendo más de tres casos por día durante el fin de semana En muchos casos, en los accidentes hay daños materiales que dependen de los municipios o de la provincia. Pero además de aumentar las penas de inhabilitación para conducir. También vamos a incluir que paguen los gastos de los destrozos que produzcan los accidentes“, graficó.
Por último, se encuentra el cambio al Servicio Penitenciario y en la implementación de un nuevo sistema de control del liberado. En estos temas, la ministra adelantó que ya vienen trabajando con autoridades penitenciarias.
“Ya hemos trabajado con el Director a través de una resolución para poder hacer clasificaciones de perfiles de los internos, de peligrosidad de los mismos, de la condena que cumplen y en qué etapa de la pena se encuentran“, subrayó.
En cuanto al control del liberado, Rus finalizó: “Estamos aplicando el paradigma norteamericano que trata de ir a buscar o controlar a esa persona que regresa o que está en salidas transitorias o que está no bajo la custodia del órgano de la dirección del liberado”.
