El Gobierno pidió, este viernes, a la Corte que llame a una audiencia pública para que cada parte presente y defienda su postura sobre el financiamiento de los partidos para las PASO, bloqueado por un decreto del gobernador Francisco Pérez. Además, como se había informado, decidió recusar sin causa a Alejandro Pérez Hualde como miembro del tribunal.

En ambos casos se trata de la contestación a las demandas de los partidos de la oposición, por el decreto de Pérez que llegó a manos del máximo tribunal de la provincia.

La estrategia del Gobierno apunta a que la Corte llame a esta instancia para que cada parte interesada en el conflicto exponga sus argumentos. En este caso, desde el PJ se buscó no dejar solo al Ejecutivo ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por las fuerzas de la oposición.

Según se ha estimado, el costo del financiamiento sería de unos 40 millones de pesos, aproximadamente.

“No vemos ningún razón legal o constitucional sobre por qué un partido se verá limitado en la campaña electoral”, aseguró al respecto Gustavo Tobares, Secretario Legal y Técnico de la Gobernación. Tobares, de hecho, es precandidato a intendente en Capital por el PJ, pero asegura que la campaña de los partidos puede financiarse con los fondos que se les descuentan a los militantes como aporte partidario -un 10 por ciento del salario, graficó-.

La Corte no tiene un tiempo formal de respuesta, pero se espera que en virtud de la gravedad institucional -y con la campaña ya en marcha, prácticamente, aunque las elecciones son el 9 de abril- que responda en breve.  

La otra medida dispuesta por el gobernador Francisco Pérez fue hacer uso de la facultad para recusar sin causa a Alejandro Pérez Hualde, tal como se había informado previamente en El Sol.

 Pérez Hualde es uno de los miembros de tribunal filo-radical. Y no es el único magistrado recusado. El Ejecutivo, previamente, ya había hecho lo mismo con Jorge Nanclares, en tanto que el radicalismo hizo lo propio con Mario Adaro y Omar Palermo, por ser cercanos al PJ.

Así, el tribunal puede llamar a conjueces para definir la cuestión en la sala administrativa o, bien, sesionar a pleno con lo que las recusaciones quedarían sin efecto.