El subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza, Sergio Moralejo, analizó en diálogo con LVDiez la delicada situación que atraviesan los productores pequeños, los contratistas de viña y los trabajadores rurales, afectados por la caída del consumo, el encarecimiento del crédito y los cambios estructurales del mercado vitivinícola.

Moralejo explicó que, pese a los reclamos recientes del sector, las discusiones salariales se están llevando adelante “en el marco de una paritaria” que retomará su cuarto intermedio el próximo 5 de diciembre. Señaló que los contratistas se acercaron para “plantear su situación”, aunque la resolución debe surgir de la negociación formal.

El funcionario remarcó que la crisis actual combina factores globales y locales. Por un lado, mencionó el cambio de hábitos de consumo a nivel mundial, donde las nuevas generaciones se inclinan por bebidas “refrescantes” y productos alternativos al vino tradicional. “Esto afecta directamente a los países vitivinícolas: Francia, Italia, España, Chile y, por supuesto, Argentina”, indicó.

A eso se suma, a nivel nacional, un contexto de tasas de interés extraordinariamente altas y una marcada falta de crédito, lo que paraliza inversiones, reduce compras entre bodegas y también frena el consumo interno. “Quien consumía con tarjeta de crédito encontró que el financiamiento se cuadruplicó”, graficó.

Moralejo sostuvo que Mendoza todavía tiene oportunidades de competir en mercados internacionales, gracias a la relación precio-calidad de sus vinos, pero advirtió que la recuperación depende de que el sistema financiero vuelva a ofrecer crédito accesible para producir y exportar.

Consultado sobre la dramática situación de los contratistas de viña —cuyos ingresos combinan salario y un porcentaje de la producción—, Moralejo señaló que en un escenario económico complejo “no se puede esperar que haya un sector al que le vaya bien mientras el resto atraviesa dificultades”.

El funcionario insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan sostener las fuentes de trabajo durante la transición económica. Explicó que al discutir ingresos “no puede analizarse solo el bono o el salario”, porque los contratistas reciben entre “el 15 y el 18% de la producción total”, cuyo valor final puede variar fuertemente según el mercado.

“Tenemos que mejorar la productividad. Si no, volvemos a esquemas que licúan errores con inflación, y eso ya demostró no funcionar”, enfatizó.

Sobre la creciente cantidad de fincas abandonadas en distintas zonas productivas, Moralejo aclaró que la superficie cultivada total en Mendoza se mantiene estable desde hace décadas, entre 140.000 y 143.000 hectáreas. Sin embargo, afirmó que hubo una fuerte migración interna de áreas productivas: zonas de la región Este perdieron superficie que hoy se encuentra en el Valle de Uco o en departamentos como San Rafael.

El problema central, dijo, reside en la prolongada descapitalización del sector, que ya acumula “quince años de caída del 1,5% anual”. En ese contexto, resulta “muy difícil pedirle más esfuerzo a los productores”.

“Han hecho demasiado para sostenerse. Esperemos que comencemos a revertir la curva y lograr un crecimiento más sostenido”, concluyó.