“Estamos fijando metas y objetivos muy concretos para tener un desarrollo de la mano de la minería y junto a las actividades que ya forman parte de la matriz productiva mendocina”, señaló.
En esa línea, detalló que se presentaron 28 declaraciones de impacto ambiental (DIA): 27 correspondientes al Distrito Minero Occidental II de Malargüe y una vinculada al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
Además, informó que se enviaron a la Legislatura provincial dos proyectos de ley: uno para la creación del Régimen de Regalías Mineras y otro para el Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta prevista en la legislación nacional, pero que aún no había sido implementada ni en Mendoza ni en la mayoría de las provincias. “Es un sistema de doble garantía: establece reglas claras tanto para los inversores como para la ciudadanía”, sostuvo.
Consultada sobre las alícuotas de las regalías, la ministra explicó que el esquema se basará en una banda de entre 3% y 5%, en línea con los parámetros nacionales.
“Tomamos esa base porque, al igual que ocurre con la industria del Oil & Gas, los valores varían según los ciclos del producto. Hay momentos en que se alcanza el tope de la banda y otros en los que se ubica en el piso. Además, las inversiones más grandes se concentran en las etapas iniciales y medias de los proyectos”, detalló.
Latorre aclaró que las regalías “no representan el punto más alto de recaudación para la provincia ni para las comunidades”. Según dijo, el verdadero impacto positivo se genera a partir de la dinamización económica que acompaña a este tipo de emprendimientos.
“El beneficio más grande está en cómo se mueve la economía, en la cadena de valor, en los proveedores y en las pymes que se vinculan con los grandes operadores. Si miráramos solo el aspecto recaudatorio, perderíamos de vista la película completa”, enfatizó.
En cuanto al destino de los fondos, precisó que el 88% de la recaudación irá al Estado provincial y el 12% restante a los municipios productores. Del total provincial, una parte será destinada a infraestructura y preservación de los recursos naturales vinculados con la actividad. “Es el mismo esquema que rige para los hidrocarburos”, puntualizó.
La titular de la cartera energética mendocina también se refirió a los mecanismos de control ambiental, un punto que genera preocupación en parte de la sociedad mendocina. “Es legítimo el temor de la ciudadanía cuando hablamos de actividades extractivas. Si no se hacen de modo correcto, pueden generar daños que, si bien son remediables, resultan muy costosos en términos ambientales y económicos”, admitió.
La funcionaria explicó que los controles serán permanentes y coordinados entre distintos organismos: el Departamento General de Irrigación, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y la propia autoridad minera provincial.
“Se monitorean muchas variables: suelo, aire y agua. Hay facultades concurrentes entre las áreas, y además se modificó el Código de Procedimiento Minero para otorgar mayores facultades, sanciones más severas y una mejor claridad sobre cómo se realizan los controles”, remarcó.
Finalmente, Latorre subrayó que la planificación minera de Mendoza busca “conciliar desarrollo e institucionalidad”, fortaleciendo la confianza pública y atrayendo inversiones bajo un marco de sustentabilidad y control.