El Gobierno rechazó un recurso jerárquico presentado por una ex-auxiliar de la Policía de Mendoza, quien buscaba anular su baja obligatoria de la fuerza. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, ratifica la resolución original del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Según los considerandos del decreto, la uniformada fue dada de baja de la Policía en enero de 2024, basándose en el artículo 58, inciso 4 de la Ley 6722. Este artículo faculta a la institución a separar a un miembro que haya agotado el plazo máximo de licencias por motivos de salud.
La ex-funcionaria apeló esta decisión, argumentando que no se había valorado adecuadamente la prueba documental ni los certificados médicos que había presentado. Además, sostuvo que no se le había otorgado el plazo máximo de licencias al que tenía derecho antes de proceder con su baja.
Sin embargo, tras analizar el caso, la Asesoría de Gobierno dictaminó que la recurrente “solo se limita a disentir del criterio adoptado por la autoridad administrativa” y que no se encontraron “vicios o arbitrariedades” en el proceso.
La entidad destacó que la decisión original se encontraba “debidamente fundada y motivada” y que a la uniformada se le había otorgado el derecho a ser oída y a presentar su descargo, tal como lo exige la normativa vigente.
Con este nuevo decreto, el Gobierno provincial rechaza de forma sustancial la apelación, dejando firme la baja de la ex-policía. La resolución le notifica a la agente que aún puede recurrir a la vía procesal administrativa, un recurso que debe interponerse dentro de los 30 días posteriores a la notificación.