El gobierno provincial cumplió con su advertencia y avanzó con el descuento en los haberes a un importante grupo de empleados y funcionarios del Poder Judicial que adhirió a las medidas de fuerza impulsadas por los dos sindicatos del sector, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales.
Los montos descontados corresponden al paro realizado a fines de abril -en la liquidación no se tomaron en cuenta las huelgas realizadas en mayo- y el impacto no fue uniforme. Desde el gremio de empleados Judiciales reconocieron a El Sol que no “significó mucho al salario real de sus afiliados”; en cambio, en el caso del personal jerárquico, algunos trabajadores llegaron a cobrar “entre $100.000 y $150.000 menos” que el mes anterior, indicaron fuentes de ese sindicato.
Este viernes, todos los empleados estatales cobraron sus haberes correspondientes a mayo, con aumentos. Los gremios que representan a 16 de los 18 sectores que conforman la administración pública acordaron en paritarias; los dos restantes, (Empleados y Funcionarios judiciales) rechazaron las propuestas oficiales y endurecieron las medidas de fuerza. Como respuesta, el Gobierno otorgó un incremento por decreto, pero cumplió con su promesa de “día no trabajado, día no cobrado”.
“El Gobierno nos descuenta a partir de los ítems con los que podemos hacer una diferencia en nuestros salarios. Por eso reclamamos es que el aumento vaya directo al salario básico y no a los ítems por separado, estamos cansados de la misma situación”, afirmaron desde el gremio de Funcionarios.
Fuentes del sindicato que representa a los trabajadores que tiene cargos jerárquicos en la Justicia remarcaron que ya elevaron una nota en la Subsecretaría de Trabajo para exigir la devolución. Por el mismo camino irá el gremio de los empleados Judiciales, pero su presentación la realizarán el próximo lunes.
“Al aplicarse la conciliación obligatoria no nos pueden descontar los días. El decreto dice claramente que se tiene que volver al origen del conflicto”, detallaron del gremio que lidera Ricardo Babillón.
El pasado miércoles la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza dictó la conciliación obligatoria, luego de un pedido presentado por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo frenar el paro que resintió la actividad judicial en las últimas semanas.
En tal sentido, el Gobierno y los dos gremios del Poder Judicial se verán las caras el próximo 7 de junio. Mientras los sindicatos aguardan una “oferta superadora”, desde el Ejecutivo advirtieron que no habrá recursos extras para los empleados y funcionarios judiciales, que no recibirán un aumento salarial superior al acordado con otros sectores del Estado.
En caso de que el Ejecutivo presente las mismas ofertas, los dirigentes gremiales amenazaron con judicializar la negociación.