El gobernador Alfredo Cornejo firmó un decreto que revierte una serie de decisiones administrativas y concedió el retiro a un ex-policía que llevaba más de una década en una disputa con el Estado.
El caso, que se extendió desde 2011, incluyó la cesantía del agente, su intento de acogerse a la jubilación, la suspensión de sus beneficios y una maraña de reclamos y recursos administrativos.
La larga batalla legal y el rol de ANSES
La odisea del ex uniformado comenzó en 2011, cuando fue cesanteado por el Ministerio de Seguridad, pero al mismo tiempo se le había otorgado un retiro voluntario para acogerse a los beneficios previsionales. Esta doble situación generó un conflicto que lo dejó sin haberes. A lo largo de los años, el ex-policía interpuso múltiples recursos ante la Oficina Técnica Previsional (OTP), la Fiscalía de Estado y hasta la Cámara de Senadores.
Uno de los principales puntos de conflicto fue la interpretación de la normativa por parte de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), que en repetidas ocasiones rechazó la liquidación del beneficio. ANSES argumentaba que el ex policía mendocino no podía percibir el retiro mientras trabajaba en el sector privado, y solo permitía la compatibilidad con la actividad docente.
Esta postura chocaba con la legislación provincial y nacional que, según el propio decreto del gobernador, no prohíbe otras actividades compatibles con la jerarquía policial.
El fallo final
El decreto del Poder Ejecutivo, emitido tras un recurso jerárquico del ex agente, pone un punto final a la controversia. El gobernador, basándose en un exhaustivo análisis de la legislación aplicable, determinó que ANSES actuó con una interpretación errónea de las leyes. La Provincia, si bien transfirió su sistema previsional a la Nación, se reservó la gestión del régimen de retiros policiales y penitenciarios. ANSES solo tiene la función de visado o control, pero no puede imponer criterios que contravengan la normativa provincial.
En su resolución, el gobernador reconoce que la cesantía no era un obstáculo para su retiro, y que la actividad privada del ex-policía no era incompatible con la percepción de su beneficio.
Finalmente, el decreto instruye a la OTP a realizar una nueva liquidación del haber de retiro y a rectificar los montos retroactivos, otorgando el beneficio al ex-policía.