El Gobierno de Mendoza rechazó un recurso presentado por el agente de la Policía de Mendoza, quien buscaba anular el inicio de un sumario administrativo en su contra por presunta omisión en un caso de violencia de género.
La decisión, que sigue un dictamen de Asesoría de Gobierno, confirma que el proceso de investigación es una etapa previa e irrecurrible, y que el agente tendrá la oportunidad de ejercer su defensa durante el sumario formal.
El oficial sumariado interpuso un Recurso de Alzada contra la resolución de la Inspección General de Seguridad que había iniciado una investigación administrativa en su contra.
La presunta falta, según lo establecido en el Decreto N° 329/2024, está relacionada con una “falta de cuidado, responsabilidad y diligencia al omitir dar conocimiento al C.E.O de una novedad por violencia de género”. Se le imputa una infracción al “Protocolo para la Prevención y Abordaje de las Violencias en Personal Policial y Penitenciario”, establecido por la Resolución N° 3947-S/2022.
El oficial alegó que la resolución no especificaba con claridad cuál era la norma que supuestamente había vulnerado, lo que, según su defensa, le impedía ejercer plenamente su derecho a la defensa. También argumentó que no se había tenido en cuenta su descargo administrativo.
Asesoría de Gobierno, en su análisis, desestimó los argumentos del oficial. Si bien el recurso fue aceptado formalmente por haber sido presentado a tiempo, fue rechazado en su aspecto sustancial. El dictamen, que el gobernador hizo suyo en el decreto, se basó en dos puntos clave:
- Claridad en la Imputación: se concluyó que la resolución que ordenó el sumario sí describe de manera “clara, precisa y circunstanciada la conducta imputada”. La omisión de informar sobre la violencia de género y la presunta infracción al protocolo correspondiente son detalladas en el expediente.
- Irrecurribilidad del Acto de Apertura: Asesoría de Gobierno subrayó que la etapa de “Información Sumaria” (previa al sumario formal) no es un acto recurrible, ya que no genera un agravio definitivo. Este procedimiento es, en sí mismo, una garantía para el agente, ya que le permite ser oído antes de que se inicie un sumario disciplinario. Es precisamente en la etapa del sumario donde el oficial podrá presentar sus pruebas y argumentos de defensa.
El decreto del gobernador establece que la decisión agota la instancia administrativa, pero notifica al oficial que tiene un plazo de treinta días para interponer una acción procesal administrativa ante la justicia, en caso de que decida continuar con su reclamo por vía judicial.
Este es el decreto: