El gobierno provincial confirmó que el lunes 24 de junio se reabrirán las paritarias con los representantes de los gremios estatales. Los primeros en sentarse en la mesa de negociación serán las autoridades del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de los Profesionales de la Salud (Ampros).

Así, con casi un mes de antelación y en medio de un intenso conflicto con los dos gremios judiciales, el Ejecutivo formalizó la convocatoria a los gremios para volver a negociar los salarios de los empleados públicos. Fuentes oficiales comentaron que ese fue el compromiso que se asumió con los sindicatos en las anteriores paritarias, cuando se dispuso la reapertura de las reuniones para la última semana de junio.

Después del SUTE, ATE y Ampros, “continuarán en las jornadas siguientes las reuniones con los demás gremios que representan a los empleados de la administración pública”, explicaron desde el Gobierno. La mirada estará puesta principalmente en lo que ocurra con la Asociación Gremial de Empleados Judiciales y Funcionarios del Poder Judicial (que agrupa a los trabajadores del sector) y la Asociación de Funcionarios Judiciales (que reúne a los cargos jerárquicos), que llevan adelante medidas de fuerza que prácticamente han paralizado el servicio de la Justicia durante un mes.

En la última negociación, el Gobierno ofreció dos propuestas y 16 sectores de la administración pública acordaron.

  • Una oferta contempló el aumento de 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio (teniendo como referencia el básico de enero de 2024), más tres bonos de $70.000, $50.000 y $30.000 para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables fueron de $35.000, $25.000 y $11.000.
  • La alternativa 2 incluyó un incremento del 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

“Es importante mencionar que tanto los empleados como los funcionarios judiciales quienes, mediante sus representantes gremiales, no aceptaron la propuesta recibieron por decreto un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024, respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023. El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector del Régimen Salarial 10”, informaron desde el Ejecutivo.

Ese aumento por decreto fue rechazado por los trabajadores judiciales, que decidieron fortalecer sus medidas de fuerza.