El 8 de noviembre de 2023, hace exactamente un año, Mendoza se sacudió con dos noticias impactantes, con un mismo protagonista. Ese día, el exjuez federal Walter Bento fue destituido de su cargo en un juicio político que se desarrolló en la sede del Consejo de la Magistratura, en Ciudad de Buenos Aires; inmediatamente después fue detenido en la provincia.
Bento fue arrestado en el edificio de los Tribunales Federales de Mendoza y trasladado a la sede de la Policía Federal, en calle Perú de Ciudad. Allí llegó esposado y escoltado por agentes de la fuerza.
La imagen de quien durante años fue el hombre más poderoso de los Tribunales Federales de Mendoza esposado dio la vuelta al país. A los pocos días, fue trasladado a la cárcel de Cacheuta, donde hoy continúa alojado, pese a los insistentes pedidos de su defensa para que obtenga la prisión domiciliaria.
Bento está procesado como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a presos federales –narcos y contrabandistas, principalmente- a cambio de beneficios judiciales. De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Dante Vega, el exmagistrado era la punta de una pirámide que, en los niveles inferiores, incluía a abogados y policías, entre otros.
La investigación, que comenzó en marzo de 2020, tuvo otra figura clave: Diego Aliaga, el exdespachante de aduana asesinado a fines de julio de 2020 y sindicado como mano derecha de Bento y principal nexo de la banda.
En paralelo al proceso que derivó en su destitución por “mal desempeño” de sus funciones, transitó el juicio penal donde se revelaron datos trascendentales como el importante patrimonio de la familia Bento, sus constantes viajes al exterior abonados con diferentes medios de pago imposibles de rastrear por los investigadores y las presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.
También se puso la lupa sobre su participación en negocios, una actividad prohibida para los magistrados; en su decisión de no inhibirse en una causa que involucraba a un conocido; en haber omitido declarar que era una persona políticamente expuesta en una operación de compra-venta de inmuebles; en sacar un préstamo hipotecario para una vivienda única y familiar cuando ya poseía varias propiedades; en obstruir la investigación en su contra al negarse a entregar su celular y documentos de viajes; y en aceptar la invitación de un empresario para viajar a Uruguay en un avión privado para disfrutar de un show en un reconocido hotel casino de Punta del Este.
En la causa hay más de 30 procesados, entre ellos la esposa de Bento, Marta Boiza, y sus hijos Nahuel y Luciano. También se destacan dos abogados que se arrepintieron de haberse arrepentido: se trata de Martín Ríos y Matías Aramayo, imputados como integrantes de la asociación ilícita que durante la instrucción se acogieron a esa figura y confirmaron las sospechas del fiscal Vega. Sin embargo, recientemente aseguraron que fueron coaccionados para declarar contra el ex juez.
Bento en todo momento defendió su inocencia y aseguró que todo el proceso fue armado por Vega porque lo odia. Sin embargo, todas las decisiones del fiscal fueron ratificadas en diferentes instancias judiciales.
El debate judicial continúa, con la decisión de las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas (integrantes del Tribunal Oral Federal 2) de acelerar el juicio que comenzó el 26 de julio del año pasado.
Se espera que antes de la feria de verano comiencen los alegatos. La apertura estará a cargo de los fiscales, que presentarán una visión general de las acusaciones y las evidencias que las respaldan. Esa instancia demandará varios meses, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se ventilaron en el juicio.
Luego será el turno de las defensas, que además de presentar sus argumentos, seguramente replicarán varios puntos del largo alegato de la fiscalía. La intención del TOF 2 es que la sentencia se conozca antes de la feria judicial de invierno de 2025.