La Provincia acordó con Edemsa extender la concesión del servicio por otros veinte años a cambio de que la principal distribuidora eléctrica de Mendoza desistiera de reclamos económicos millonarios. Este jueves se realizó la audiencia pública en la que el Gobierno explicó y justificó el arreglo, pero además aclaró de cuánto será el aumento extraordinario en las tarifas que estará volcado específicamente a obras del sistema.
En el acto público no vinculante organizado por el organismo de control del servicio eléctrico, uno de los principales asesores la Secretaría de Servicios Púbicos, Manuel López González, dio a conocer los detalles entre el acuerdo entre la Provincia y EDEMSA, pero también con las otras firmas que componen el mercado local.
Esta es la primera de una doble jornada de audiencias públicas que continuarán este viernes con la concerniente al aumento de tarifas, propiamente dicho.
López González hizo un repaso sobre los puntos más importantes se encuentran la concesión de 20 años por parte de la empresa eléctrica, el plan de inversión en infraestructura del sistema eléctrico, pero también un aumento en la tarifa de los usuarios.
Con relación al impacto en la tarifa eléctrica, desde el EPRE informaron que con el acuerdo transaccional celebrado habrá un aumento del 6.2% para todos los usuarios en general.
López detalló los aumentos según la categoría de los usuarios que servirán para financiar las obras en el plan de inversión de las distribuidoras:
- Usuarios generales 6.3%.
- Usuarios residenciales un 6.4%
- Usuarios de grandes demandas 6.8%
- Usuarios de riego peaje 7.1%
- Usuario de riego agrícola 4.4%
De acuerdo a la duración de la concesión, el funcionario explicó que el Gobierno provincial se amparó en artículo 9 de la Ley 7543 que habita a las provincias a prorrogar por 20 años como máximo.
A su vez, el asesor recalcó que, para prorrogarle la licencia EDEMSA, se agregó un plan de obras de 10 años para asegurar la inversión en infraestructura al sistema eléctrico.
“En la suscripción de estos planes de obras que fueron suscriptos por el EPRE, quién es el que tiene que mediar y auditar su ejecución. Acá se busca mejorar el sistema por la desinversión, que es producto de la insuficiencia y desfasajes tarifarios durante los últimos periodos”, sostuvo el funcionario.
Respecto a la financiación del plan de obras, el jefe de asesores de gabinete de la Secretaría de Servicios Púbicos señaló que los recursos saldrían de los dividendos de las acciones de los usuarios clase B y C sin ceder los derechos económicos de tales bonos.
“El compromiso que surge en el acuerdo con EDEMSA es que el EPRE se compromete a arbitrar los actos societarios pendientes a que las utilidades que les correspondieren a los accionistas clase B y C sean afectadas a inversión y expansión del sistema energética. El propósito de esto es preservar el patrimonio del sistema eléctrico sin ceder los derechos económicos de tales acciones”, expresó López.
Por último, el funcionario detalló que la Fiscalía de Estado legitimó los informes técnicos del acuerdo entre el Gobierno provincial y EDEMSA. En los mismos se explica como el Ejecutivo calculó el canon de los 20 años de concesión.
“La Fiscalía de Estado sí consideró a los informes técnicos que aseguraron la legitimidad del acuerdo. Consta la evaluación en la que se calcula el canon de concesión, como también el beneficio del 20% respecto al valor de la actividad de la empresa, que es en definitiva el valor de la concesión. Esto se calcula con los ingresos vigentes porque asó lo estipula el marco regulatorio y nosotros no podemos evadirlo”, finalizó Lopéz.
Por otro lado, el funcionario rechazó algunas críticas, principalmente, que es “falso” el hecho de que no se brindó información a los usuarios sobre el proceso.
Cómo sigue este viernes
La segunda audiencia pública será para analizar la actualización de las tarifas eléctricas cada tres meses, a partir de un planteo de las distribuidoras.
En concreto, las empresas locales pidieron al Gobierno que los aumentos en el Valor Agregado de Distribución (VAD) -se trata del único componente de la tarifa eléctrica sobre el que el Ejecutivo provincial tiene poder de decisión- se apliquen cada tres meses en lugar de cada seis, como ocurre actualmente.
El acuerdo
Luego de varios meses de negociaciones, el Gobierno de Mendoza alcanzó un acuerdo transaccional con Edemsa. La firma eléctrica desistió de reclamar ingresos no percibidos por más de 146 mil millones en ingresos no percibidos por el congelamiento de las tarifas.
La Provincia accedió a extender el periodo de concesión desde el 2028 hasta el 2048, pero también a reducir del 10% al 6% el canon que debe abonar la empresa al Estado y a realizar inversiones en obras para mejorar el sistema eléctrico. A cambio de esto, la distribuidora debía renunciar a todo reclamo administrativo y judicial y a cumplir con el plan de obras financiado a través de las recomposiciones tarifarias.