Entre las dos fiscalías federales de la provincia reúnen más de cincuenta causas vinculadas con sospechas de trata de personas, aunque no todas tienen el nivel de avance mostrado en el expediente por el cual siete personas fueron detenidas y sospechadas, además, de lavado del dinero proveniente de la explotación sexual de decenas de chicas.

El caso generó conmoción por su magnitud. No hay muchos antecedentes a nivel nacional de investigaciones que hayan ido más allá del cierre de un prostíbulo. Por eso son interesantes las ramificaciones que surgen de cada una de las averiguaciones.

Si bien tanto el juez federal Walter Bento como el fiscal Fernando Alcaraz buscaban avanzar un poco más, fueron alertados por parte de los agentes de la Gendarmería Nacional de la posibilidad de que la causa se viera interrumpida por la ausencia del principal sospechoso. Se trata de Sebastián Solé, un joven de 32 años, quien a priori aparece como el propietario de al menos dos prostíbulos en la ciudad de Mendoza.

De acuerdo con los registros de Inteligencia, Solé y su mujer tenían planificado viajar al exterior en los próximos días y ya habían adquirido los pasajes. Si bien se podría haber esperado, se supuso que en esa salida se corría el riesgo de que la persona investigada sacara una gran cantidad de dinero del país, y en tal caso se hubiese perdido una prueba clave.

Durante un allanamiento en el barrio privado Las Candelas 2, de Chacras de Coria, los investigadores encontraron, entre otras evidencias para confirmar la hipótesis del lavado de activos, más de un millón y medio de pesos, repartidos en fajos con 700 mil pesos argentinos, 5 millones de chilenos y 65 mil dólares. Todo estaba guardado en una caja fuerte.

La investigación que llevó adelante el titular de la Fiscalía 2, Fernando Alcaraz, tiene, además, otros personajes en la mira que, por el momento, no fueron puestos a disposición de la Justicia. Entre ellos, aparece un influyente empresario del rubro de servicios, que sería algo más que un cliente frecuente de los prostíbulos. Se lo vincula con las maniobras para configurar los delitos de trata y lavado, aunque no necesariamente como partícipe primario.

La situación de este hombre de negocios, como la de los siete detenidos, se pasará en limpio hoy. El juez Bento tomará las indagatorias y allí se resolverá la situación procesal de cada uno de los acusados.

El más complicado de todos es, por supuesto, Solé. A él se agregan su esposa, un inspector de la Municipalidad de Capital, su socio, un médico ginecólogo que practicaba los abortos a las prostitutas que eventualmente quedaban embarazadas, la cajera del burdel y un hombre cuya identidad no trascendió, pero a quien se le detectó, la misma noche de los allanamientos, un llamado telefónico a una autoridad de una fuerza federal.

Se cree que formaba parte de la red de protección que tenía el dueño de los prostíbulos e intentó zafar de la situación. Aunque, esta vez, sus contactos no le dieron resultado.