Tras un intenso debate, el recinto de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de modificación del Estatuto General del Empleado Público, impulsado por el Ejecutivo provincial.
La presentación inicial estuvo a cargo de la diputada Beatriz Martínez, quien ofició como miembro informante de la iniciativa. A partir de allí, se sucedieron las exposiciones de distintos legisladores, en un clima donde la figura del gobernador Alfredo Cornejo se convirtió en el centro de la discusión política.
De no mediar ninguna sorpresa, situación que finalmente no ocurrió, el oficialismo sabía que tenía los votos suficientes para aprobar la propuesta. Lógicamente, desde la oposición alzaron fuertes críticas a lo largo de la jornada. Incluso, el Partido Justicialista, La Unión Mendocina, el Partido de los Jubilados y el Partido Verde votaron todos en contra.
Voces a favor y en contra
El diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) planteó que la reforma “precariza a los trabajadores” y la calificó como “una reforma laboral encubierta”, al tiempo que cuestionó el bajo número de concursos realizados en la última década.
Por su parte, José Luis Ramón (Protectora) aseguró que el debate expone “la concepción de país que queremos”, diferenciando a quienes “buscan concentrar poder y dinero” de quienes defienden “la justicia social y la equidad”.
Desde el oficialismo, Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa y sostuvo que el proyecto “moderniza y transparenta el empleo público” al ordenar la legislación vigente.
La diputada Gabriela Lizana (Frente Renovador) fue otra de las voces críticas. Señaló que existe “un maltrato simbólico e institucional al empleado público” y cuestionó que no se haya permitido presentar propuestas alternativas.
Además, vinculó la reforma con la línea política nacional: “El presidente Milei fue claro. Y el gobierno de Alfredo Cornejo decidió seguir por esa senda uniéndose a La Libertad Avanza”.
El show de Ramón
El diputado de Protectora, José Luis Ramón, quiso impulsar una moción para que los gremios estatales pudieran ingresar al recinto a presenciar la sesión. La Casa de las Leyes estaba vallada y los estatales referenciados en ATE y Ampros, entre otros sindicatos, se encontraban en el exterior, custodiados por la Policía. Cerca de las 15 horas estos campamentos fueron levantados.
Sin embargo, el pedido de Ramón no prosperó y tuvo esta discusión con el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.