En medio del debate por la deuda pública en dólares, con polémica incluida por el decreto de Rodolfo Suarez para reestructurarla sin aval legislativo, el Gobierno provincial tomó como “una buena noticia” que una reconocida calificadora de riesgo crediticio mejorara la nota de Mendoza.
“Es un elemento a favor de nuestra posición. El mercado reconoce a Mendoza como un emisor cumplidor”, señaló el subsecretario de Finanzas, Ignacio Barbeira, al referirse al ajuste realizado por la agencia Moody’s a mediados de diciembre.
Mendoza trabaja con dos agencias de riesgo: Moody’s para en análisis de su deuda en pesos y Standard & Poor’s (S&P) para la calificación a escala global.
“Moody’s Local Argentina sube la calificación de emisor en moneda local de la Provincia de Mendoza a BBB.ar desde BBB-.ar y sube la calificación de deuda sénior garantizada en moneda local correspondiente a los Títulos de Deuda 2023 y Títulos de Deuda 2024 de la Provincia de Mendoza a BBB.ar desde BBB-.ar”, destacó el informe fechado el 15 de diciembre.
La calificación BBB.ar representa “una calidad crediticia promedio en comparación con otros emisores locales”. Mientras que el modificador “-“, como el que tenía Mendoza antes de la reciente modificación, indica “una calificación en el extremo inferior de la categoría de calificación genérica”.
El informe además destaca las fortalezas y debilidades de las finanzas provinciales. En el último caso, sobresale la deuda en dólares.
“Los niveles de deuda resultan similares a los de otras jurisdicciones comparables mientras que la proporción de deuda en moneda extranjera resulta significativa (en torno al 68% de la deuda total), aunque se mantiene por debajo de otros subsoberanos locales”, enfatiza la agencia.
Como puntos a favor, Moody’s sostiene que la deuda en moneda extranjera “se encuentra parcialmente mitigada” por los ingresos vinculados a la evolución del tipo de cambio, como las regalías hidrocarburíferas, y que el Gobierno efectuó la reestructuración de su deuda internacional en 2020, suavizando el perfil de vencimientos.
“Sin embargo, aún presenta desafíos a partir de 2023, cuando comienzan los pagos de amortización de su deuda reestructurada”, aclara. Este punto es el que justamente tiene en vilo al Gobierno provincial, que busca refinanciar la deuda pública en dólares, pero sin necesidad sin pasar por la Legislatura.
En caso de intentar “rollear” esa deuda, Suarez necesitaría el apoyo de la oposición, ya que la el artículo 41 de la Constitución exige de una mayoría especia de los dos tercios de los votos. El oficialismo buscó entonces otro camino para refinanciarla “en mejores condiciones” mediante de la Ley de Administración Financiera (8.706), realizando una interpretación los artículos 64 y 68 de la normativa.
En noviembre, la Fiscalía de Estado advirtió, mediante un dictamen no vinculante, que el Ministerio de Hacienda no está autorizado a renegociar la deuda en dólares sin pasar por la Casa de las Leyes. De todas maneras, el Ejecutivo avanzó con el decreto que, en su primer artículo, señala: “Disponer la emisión de Títulos Públicos en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500.000 y con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses”.
La oposición realizó un planteo de inconstitucionalidad para que la Justicia frene el decreto, advirtiendo que el Gobierno “está intentando tomar nueva deuda y haciéndolo pasar como si fuera una restructuración, y eso está prohibido”.
El riesgo “más significativo e inmediato”
Por su parte, S&P emitió a mediados de noviembre un comunicado que hace referencia a la situación financiera de Mendoza, que está directamente relacionada con el panorama nacional.
La calificación crediticia de emisor y la deuda senior no garantizada se mantienen en la calificación CCC+, con un horizonte estable.
“Grado especulativo. Actualmente vulnerable y dependiente de condiciones económicas, financieras y del negocio favorables, para cumplir con sus obligaciones financieras”, es la definición de dicha nota.
“Los gobiernos locales han acumulado algunas protecciones fiscales y de liquidez que ayudarán a cumplir con sus obligaciones financieras en los próximos 12 a 18 meses. No obstante, nuestras calificaciones incorporan la incertidumbre macroeconómica y las posibles presiones financieras”, resaltó el documento de S&P, fechado el 17 de noviembre. Y añadió: “Nuestras calificaciones incorporan la expectativa de que -tras dos años de mejora de los resultados fiscales y de acumulación de liquidez- habrá presiones presupuestarias debido a la elevada inflación y al limitado crecimiento, así como por el mayor servicio de la deuda a partir de 2023, cuando los bonos internacionales reestructurados comiencen a amortizarse“. Ese es el caso de Mendoza.
Para la calificadora de riesgo, el desafío “más significativo e inmediato” que tiene la provincia y otros gobiernos locales y empresas con deuda en moneda extranjera es el denominado riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C).
Se trata del un tipo de riesgo vinculado a decisiones políticas, que se produce cuando el gobierno de un país impone controles cambiarios que restringen significativamente la capacidad de convertir moneda local en moneda extranjera y, por consiguiente, no le es posible efectuar los pagos liberatorios de una deuda exterior.