Este martes se registraron novedades en torno a la causa que tiene como protagonista al exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, imputado por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego. Tras más de un mes de parálisis, recusaciones, inhibiciones y escándalos entre magistrados, el Tribunal Penal Colegiado determinó que la conjueza María Jimena Pina González siga al frente del sensible expediente.
El destino de Pina González quedó en manos del tribunal compuesto por los jueces Carmen Magro, Mauricio Juan y Fernando Martínez, el cual resolvió por escrito este este martes –tras un cuarto intermedio pedido en la audiencia del último viernes- no hacer lugar a la recusación que había sido presentada por la abogada querellante, María Elena Quintero. Con esta definición, González Pina sigue al frente del expediente contra el exfuncionario, aunque la propia querella ya adelantó que agotará instancias ante la Suprema Corte, lo cual podría seguir dilatando el proceso.
Según el escrito al que accedió El Sol, el tribunal determinó que no se acreditaron “actitudes o intereses particulares” de la magistrada (aspecto subjetivo) ni hechos objetivos del procedimiento que generaran un “temor fundado” de parcialidad (aspecto objetivo). Se destacó que la conjueza no intervino en etapas anteriores de la causa ni tiene un vínculo actual con el imputado.
La querella alegaba que la conjueza estaba condicionada por ser postulante a un cargo permanente, cuya designación dependería de estamentos políticos vinculados al imputado. El tribunal rechazó esto señalando que el imputado (D’Agostino) renunció a su cargo público y al Consejo de la Magistratura al momento de la denuncia, por lo que ya no tiene poder institucional. También que el proceso de selección de jueces es un sistema complejo y colegiado (universidades, legisladores, abogados) donde ningún consejero puede determinar individualmente un nombramiento.
“Si D’Agostino ya no integra el Consejo de la Magistratura ni ejerce funciones en los estamentos que intervienen en la evaluación de la conjueza, la pretendida dependencia institucional se apoya en una premisa fáctica que el tiempo ha tornado inexistente”, señaló el tribunal.
El documento también indica que la jurisprudencia de la Suprema Corte ya ha establecido que la condición de conjuez y su postulación a cargos permanentes no configuran por sí solas una falta de imparcialidad.
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María Jimena Pina González había jurado el pasado 28 de mayo como conjueza y, casi en paralelo, fue designada para intervenir en esta causa de fuerte peso político. En el fuero local, la Suprema Corte de Justicia cuenta con la facultad de nombrar conjueces basándose en el listado de postulantes de otros cargos.
No obstante, su estabilidad a largo plazo depende de la Legislatura. Resta la aprobación del Senado provincial, que eventualmente podría llegar si se presenta el pliego formal. También existe la posibilidad de que los conjueces no resulten votados en la Legislatura cuando se traten dichos pliegos, lo que provocaría su automática salida del sistema judicial.
Pina González posee un recorrido conocido en el ambiente penal: se desempeñó dentro del Poder Judicial entre los años 2013 y 2022. Luego de ese período, se volcó a la práctica del derecho penal independiente, tiempo en el cual continuó presentándose a postulaciones para cargos magistrados y ofició como abogada particular de la jueza Eleonora Arenas. Asimismo, las relaciones familiares la circundan en el Palacio de Justicia: su hermano, Juan Manuel Pina González, se desempeña como juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial.
El laberinto cronológico de un expediente escandaloso
Para entender cómo se llegó a la resolución de este viernes, es necesario desandar un intrincado laberinto de inhibiciones y apartamientos que empantanaron la instrucción:
El primer apartamiento: en el inicio de la instrucción, la causa cayó originalmente bajo la órbita de la jueza Eleonora Arenas. Sin embargo, la querella planteó de inmediato su recusación debido a la estrecha relación de amistad que uniría a la magistrada con el imputado D’Agostino, tal como reveló en su momento este diario. Finalmente, Arenas no llegó a resolver el fondo de la causa porque su pliego fue aprobado en el Senado para ascender al Tribunal Penal Colegiado Nº 1. La jueza juró en su nuevo cargo y dejó vacante su antiguo puesto de instrucción.
La llegada de la conjueza y la resistencia: tras semanas de inactividad que sembraron incertidumbre, la Suprema Corte designó a María Jimena Pina González como conjueza para absorber la causa que había dejado Arenas. La querella no tardó en reaccionar y Quintero la recusó formalmente, bajo el argumento de que, al ser una aspirante interina a un cargo judicial, carecía de la estabilidad e independencia institucional necesarias para juzgar a un imputado con el tendido político de D’Agostino.
El rechazo: Pina González no aceptó el planteo de la querella y sostuvo que su nombramiento era plenamente legal. Ante su negativa de dar un paso al costado, el conflicto escaló al Tribunal Penal Colegiado para que un triunvirato dictaminara si debía continuar o no.
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Para resolver el futuro de la conjueza se sorteó inicialmente un triunvirato de jueces compuesto por Mauricio Juan, la propia Eleonora Arenas y María Belén Salido. A partir de allí, la tensión escaló.
La jueza Salido se inhibió en medio de un momento escandaloso, luego de que la defensa de D’Agostino filtrara -con la ayuda del juez Rafael Escot-un chat privado de un grupo de WhatsApp de magistrados con el fin de recusarla.
Días después, volvió a aparecer el nombre de Eleonora Arenas en la escena al apartarse, esta vez como miembro del Tribunal que debía definir la recusación. Arenas invocó una causal de “violencia moral” y atribuyó su decisión a la presión mediática generada alrededor del expediente, marcando un quiebre en su postura, ya que hasta ese momento había rechazado todos los planteos para apartarse.
Como contó El Sol, detrás de su salida apareció un dato llamativo que vincula de forma directa a las protagonistas: hace dos años, Arenas fue denunciada por su exesposo por una presunta estafa. Si bien ese expediente penal está listo para ser archivado y quedar en la nada, el detalle clave es que para esa defensa la magistrada contó con dos abogados particulares: José Luis Pina González y su hija, la propia Jimena Pina González.
Ante este panorama, el tribunal se desmembró y quedó únicamente compuesto por Mauricio Juan, lo que obligó a realizar nuevos sorteos con el correr de los días para cubrir las vacantes. En primera instancia salieron sorteados Carmen Magro y Juan Manuel Pina González. Sin embargo, este último se inhibió de inmediato por ser el hermano de la conjueza recusada. Finalmente, las bolillas del nuevo sorteo determinaron la incorporación del juez Fernando Martínez, conformando el triunvirato definitivo que este martes dictó sentencia sobre la continuidad o el apartamento de Pina González.