La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri por presuntas irregularidades en la administración del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La denuncia, radicada ante la Justicia Federal, solicita investigar posibles delitos de: administración fraudulenta; malversación de caudales públicos; incumplimiento de deberes de funcionario público; y abandono de persona, según surge del escrito judicial presentado por la legisladora.
El eje central de la denuncia es la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), uno de los sistemas de cobertura médica más grandes del país, con aproximadamente 650.000 afiliados, entre personal militar, personal civil, retirados, pensionados y sus familias.
Según asevera Arrieta, durante la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa, el organismo habría pasado de tener superávit y reservas, a un escenario de endeudamiento creciente y crisis estructural.
Este deterioro financiero, sostiene la denuncia, tuvo consecuencias directas en la atención médica a través de cortes de prestaciones; suspensión de servicios por parte de prestadores; demoras en pagos y reintegros; rescisión de convenios en distintas regiones del país y falta de insulina y medicamentos oncológicos
Justamente, la denuncia advierte sobre: alta de provisión de insulina; interrupciones en tratamientos oncológicos y demoras en medicamentos esenciales para enfermedades crónicas.
“La interrupción de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida de los pacientes”, señala el escrito de Arrieta.
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Incluso se mencionan casos donde la suspensión de tratamientos habría generado agravamiento de enfermedades y consecuencias irreversibles, lo que motiva la inclusión de la figura penal de abandono de persona.
Otro de los ejes de la denuncia apunta a un préstamo de aproximadamente $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Según la presentación judicial, los fondos estaban destinados a modernización hospitalaria y sistemas informáticos; pero no existe claridad sobre su aplicación concreta. Esto se da en paralelo -según el texto-a un escenario de desabastecimiento generalizado y colapso de prestaciones.
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Por otro lado, la denuncia también menciona contratos de gran magnitud con droguerías y proveedores privados; inconsistencias entre esos gastos y la falta de medicamentos y posibles irregularidades en la administración de recursos.
Además, se advierte que en instancias de investigación habrían existido dificultades para acceder a documentación clave, lo que genera sospechas sobre el manejo de la información.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia, se incluyen: informes financieros completos del organismo; detalle de deudas con prestadores contratos con proveedores; documentación del préstamo del IAF, citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales.