El gobierno provincial confirmó a través de una serie de decretos y resoluciones, la cesantía y sanción de 18 empleados y exempleados estatales. Los casos, que abarcan desde inasistencias injustificadas hasta delitos penales.

Las decisiones, tomadas tras una revisión exhaustiva de recursos y apelaciones, confirman sanciones disciplinarias que surgieron de sumarios administrativos en áreas tan sensibles como Salud, Seguridad y Hacienda, incluyendo organismos clave como la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

La Asesoría de Gobierno concluyó en todos los casos que las sanciones estaban debidamente fundamentadas y eran proporcionales a las faltas cometidas, desestimando los intentos de los afectados por revertirlas.

Un reflejo de las faltas más graves en la administración

La lista de sancionados es un catálogo de incumplimientos que ilustra la diversidad de faltas que el Estado busca erradicar.

Entre los casos más resonantes se encuentra el de un agente sanitario que fue cesanteado y suspendido de haberes retroactivamente a 2019, tras ser condenado a 9 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. El empleado, que conducía con 3.57 gramos de alcohol en sangre y en contramano, causó la muerte de un motociclista, un acto que Casa de Gobierno considera incompatible con la función pública.

En el sector de la salud, las inasistencias injustificadas y la adulteración de documentos parecen ser un problema recurrente. Un agente del Hospital Lagomaggiore y una del Hospital Carlos Pereyra fueron cesanteadas por faltas reiteradas y, en el segundo caso, por adulterar certificados médicos y ser encontrada fuera de su domicilio durante una licencia por enfermedad. Un odontólogo del Hospital Central también fue desvinculado por incumplimientos graves, que incluso incluyeron transgresiones a la Ley Micaela.

Seguridad y Hacienda no escapan a la depuración

La cartera de Seguridad también ha sido objeto de una profunda revisión. Varios expolicías y exagentes penitenciarios fueron cesanteados o exonerados por incumplimientos graves a sus deberes.

Los motivos van desde el abandono del cargo y faltas disciplinarias hasta un caso de violencia contra la mujer, agravado por la Ley 26.485. Estos casos refuerzan la rigurosidad con la que el gobierno está aplicando las leyes disciplinarias, como la Ley 6722 para el régimen policial y la Ley 7493 para el personal penitenciario.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda también vio sancionados a empleados en organismos clave. Una empleada del Instituto Provincial de Juegos y Casinos fue cesanteada por irregularidades en la sala de tragamonedas, mientras que un agente de la Agencia Tributaria Mendoza (ATM) fue desvinculado por una grave incompatibilidad: ejercía simultáneamente como contador de la entidad y asesor privado de contribuyentes.