El Gobierno comprará cuatro millones de raciones alimentarias para personas privadas de su libertad por $4.548 millones. La adquisición se hizo mediante una licitación pública en la que se presentaron cuatro oferentes, pero solo uno cumplió con la totalidad de los requisitos.

Así se indicó en el decreto 1494, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. De esta manera, la firma Clisa Interior S.A. proveerá al Ministerio de Seguridad, que conduce Raúl Levrino, de alimentos para los reclusos de la provincia.

A dicha empresa se le adjudicó la licitación, publicada en abril, “al haber quedado como único oferente admisible”, dice el decreto, “para la adquisición de cuatro millones de raciones alimentarias a un precio unitario de $1.114,26, con destino a atender necesidades de la Dirección General del Servicio Penitenciario, dependiente del Ministerio de Seguridad, por un monto total de $4.548.000.000, imputando al presente ejercicio la suma total de $794.679.999″.

La comisión evaluadora observó que esta oferta cumplió con la totalidad de los requerimientos solicitados, “no encontrando observaciones formales a la misma y sin necesidad de solicitud de documentación complementaria”.

El decreto detalla que si se le aplica “al precio del presupuesto oficial ($975 por unidad, $3.900 millones en total) un promedio del acumulado de los índices inflacionarios sufridos en los periodos de marzo, abril y el proyectado en mayo”, más las variaciones salariales e índices generales, “el precio de $1.137 se podría definir razonablemente como un precio aceptable ajustado al de mercado”.

Estas raciones también estarán destinadas al personal penitenciario que presta servicio en la modalidad de 24 horas, y será por el término aproximado de dos años.

A este llamado se presentaron cuatro ofertas, pero tres de ellas fueron rechazadas.

La propuesta de Foodrush Gastronomía S.A., de $3.588.000.000, resultó inadmisible. “El oferente no propone ni acredita fehacientemente que dispone de una planta de elaboración de comida situada en el Departamento de San Rafael, siendo este un requisito”, explicó el Gobierno.

También advirtieron una “seria inconsistencia y contradicción” por parte de la firma, por una “ausencia de claridad en cuanto al impacto del IVA en el precio cotizado”.

Otra oferta rechazada fue la de Broda SA, por el importe de $5.960 millones, por encontrarse “casi en su totalidad incompleta, con ausencia de documentación e información”.

Por último, se descartó a Servi Food SA por resultar “inconveniente”, por unos $4.096 millones. “Se advierte que no existen causales de inadmisibilidad para la oferta presentada. Por ello, se solicitó documentación complementaria, y al no encontrar observaciones formales a la misma, la comisión considera formalmente admisible la oferta”, se detalla en el decreto.

El Gobierno explicó que esta licitación se realizó “al efecto de preservar en todo momento la transparencia del proceso de análisis (…) sin imponer condiciones restrictivas, procurando la participación de la mayor cantidad de ofertas posibles, para poder llegar a una conclusión que resulte más oportuna, conveniente y objetiva procurando suplir o hacer suplir toda deficiencia formal que incluyan las ofertas de los participantes sin desviar lo dispuesto en las Leyes rectoras que enmarcan los procedimientos administrativos de contrataciones”.