El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió este miércoles a la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ San Jorge Cobre Mendocino, que obtuvo sanción definitiva en el Senado provincial.
Las declaraciones se dieron durante una recorrida por el predio de la ex Bodega Campana, en Godoy Cruz, donde acompañó al intendente en el lanzamiento del desarrollo del complejo Constituyentes III.
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Cornejo indicó que el proyecto minero comenzará a mostrar sus primeros movimientos “en menos de seis meses”, con tareas iniciales de movimiento de suelos y contratación de personal. También explicó que la provincia espera, para la próxima semana, el cronograma definitivo de trabajo presentado por los accionistas de San Jorge, que deberá contemplar en detalle el cumplimiento de los requerimientos incluidos en la DIA.
Entre los puntos relevantes, mencionó la construcción de una línea eléctrica financiada por la empresa, cuya ejecución generará inversión y empleo local.
El mandatario destacó que ya existen tres o cuatro proyectos en etapa de exploración en Malargüe, cuyos avances —aunque aún incipientes— generan contratación de personal y dinamizan actividades logísticas. Sin embargo, aclaró que las etapas iniciales no implican todavía un impacto masivo en el mercado laboral.
Respecto al balance político que dejó la aprobación de los cuatro proyectos mineros impulsados por el Ejecutivo, el mandatario provincial sostuvo que el proceso reflejó “una política de Estado”, debido al acompañamiento que recibió desde sectores de la oposición.
Pese a ello, se mostró cauto: “No es un motivo de festejo, la situación económica del país no lo permite. Pero es un paso importante para sumar una actividad productiva que puede generar riqueza en el mediano plazo”.
También buscó llevar tranquilidad a quienes expresaron dudas por los controles ambientales. Afirmó que Mendoza cuenta con “la mayor capacidad de fiscalización de su historia”, con más inspectores, una Policía Ambiental reforzada y sistemas de control más estrictos que hace 10 o 20 años.
“Entiendo que hay un sector que está en contra de la minería en general, pero también hay personas con dudas legítimas. A ellas queremos transmitirles que el Estado está preparado para controlar”, señaló.
Cornejo vinculó el avance minero con la posibilidad de incrementar el salario promedio provincial, afirmando que una matriz productiva más diversificada beneficiaría también al comercio y los servicios.
Además, mencionó otros desafíos económicos, como la necesidad de reconvertir sectores agrícolas que no funcionan adecuadamente y la urgencia de colocar en mercados externos el sobrestock de vino que presiona los precios a la baja. “Aunque no tenemos instrumentos de política económica, hacemos todo lo posible para influir en la economía”, concluyó.