La disputa por la distribución de los fondos de coparticipación entre la Municipalidad de Rivadavia y el Gobierno provincial continuará en la Suprema Corte de Justicia, luego de que fracasara la instancia de conciliación entre las partes.
El intendente Ricardo Mansur cuestionó la falta de voluntad del Ejecutivo para alcanzar un acuerdo y ratificó el reclamo de inconstitucionalidad de la ley, mientras que el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, defendieron la normativa y sostuvieron que la discusión debe darse en la Legislatura.
La audiencia dejó dos definiciones del plenario de la Corte: rechazó el pedido de Fiscalía de Estado para incorporar al resto de los municipios a la discusión y estableció el 26 de febrero de 2027 como fecha límite para que las partes presenten nuevas pruebas. De esta manera, el expediente continuará su curso judicial sin un acuerdo político entre Rivadavia y la Provincia.
La diferencia de posiciones quedó expuesta después del encuentro. Mansur insistió en que el departamento recibe menos recursos de los que considera que le corresponden y denunció un trato desigual en la distribución. Desde el Ejecutivo, en cambio, argumentaron que la modificación del régimen mejoró el coeficiente de Rivadavia y que cualquier cambio en los porcentajes de reparto impactaría necesariamente en los fondos de las otras comunas.
Mansur denunció una distribución desigual y apuntó contra Cornejo
Tras la audiencia, Mansur lamentó que el gobernador Alfredo Cornejo no tuviera voluntad de alcanzar un acuerdo. Según el intendente, el Ejecutivo intentó incorporar a los otros 17 municipios a la discusión para dilatar el tratamiento de la demanda. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el plenario de la Corte.
“Lamento que no tenga intenciones de acordar y que mantenga una posición que está provocando graves perjuicios al departamento de Rivadavia”, afirmó el jefe comunal.
El reclamo de Rivadavia apunta a la Ley 6.396 y, particularmente, al esquema de distribución de recursos que contempla el denominado coeficiente de equilibrio del desarrollo municipal. Mansur cuestiona que el departamento conserve un coeficiente negativo que fue establecido en 1996, cuando tenía una producción petrolera significativamente mayor a la actual.
En ese sentido, sostuvo que la Provincia mantiene un criterio de distribución que no contempla los cambios en la realidad productiva del departamento. “En 1996 Rivadavia era el primer productor de petróleo, hoy somos quinto o sexto. En toda la zona nuestra ya no hay el petróleo de hace 28 años atrás. Entonces, la obligación del Ejecutivo es distribuir los fondos en forma igualitaria”, argumentó.
El intendente también utilizó comparaciones con otros departamentos para dimensionar la diferencia que, según sus cálculos, existe en el reparto. Aseguró que si Rivadavia recibiera los mismos recursos que General Alvear, obtendría casi $17.000 millones adicionales por año. Si se equiparara con Junín, la diferencia sería de $13.500 millones, mientras que con Lavalle alcanzaría los $18.000 millones.
La comparación con Malargüe fue todavía mayor. Mansur afirmó que, si Rivadavia tuviera el mismo esquema de ingresos que ese departamento, recibiría $52.000 millones adicionales. En función de ese cálculo, estimó que la comuna dejó de percibir unos $150.000 millones en tres años.
“Lo que Rivadavia pretende es cobrar lo mismo que cobran los departamentos de la misma región”, resumió. Además, cuestionó que la distribución de los recursos termine favoreciendo a municipios del Gran Mendoza y vinculó esa situación con el peso político que tienen esas comunas en la Legislatura.
Mansur también buscó trasladar el impacto de la discusión al plano social. Sostuvo que los menores ingresos condicionan la capacidad del municipio para financiar obras, infraestructura y políticas habitacionales. Como ejemplo, mencionó que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) otorgó 16 viviendas a Rivadavia durante los últimos tres años.
“Queremos más plata para hacer más obra, para que la gente viva mejor, para plantear un programa de desarrollo y tratar de disminuir la crisis que tenemos en el tema de vivienda“, señaló.
La defensa del Gobierno: “No hay ninguna discriminación”
La respuesta del Ejecutivo estuvo a cargo del asesor de Gobierno, Ricardo Canet, quien cuestionó tanto la vía judicial elegida por Rivadavia como los fundamentos de su reclamo. El funcionario consideró que la discusión sobre los criterios de distribución de la coparticipación corresponde al ámbito legislativo y no al Poder Judicial.
“Es una cuestión política no judiciable. El ámbito de esto corresponde a la Legislatura, no al Poder Judicial”, sostuvo.
Canet también rechazó que la normativa genere un perjuicio patrimonial para el municipio. Según su interpretación, la reforma de 2024 mejoró el coeficiente de participación de Rivadavia y, por lo tanto, no existe un daño concreto que justifique la acción de inconstitucionalidad.
El asesor cuestionó, además, el argumento de Mansur sobre la posibilidad de equiparar los ingresos con otros departamentos. “Si yo le doy más a Rivadavia, a alguien le tengo que sacar”, afirmó, al explicar que el reparto de los fondos municipales funciona como un sistema de suma cero.
En esa línea, consideró que el planteo del intendente no contempla las particularidades de las otras comunas. Como ejemplo, mencionó que Rivadavia, con aproximadamente 62.000 habitantes, tiene un porcentaje de participación similar al de Guaymallén, que triplica su población, y al de Las Heras, que la cuadruplica.
“No hay daño, no es la vía, y no hay daño patrimonial para Rivadavia. El rechazo de la acción se impone”, concluyó Canet.
La postura oficial ya había sido expuesta antes de la audiencia. El Gobierno sostiene que la reforma introducida por la Ley 9.550 mejoró el coeficiente de Rivadavia, que pasó de -0,773% a -0,749%. También advierte que una eventual declaración de inconstitucionalidad podría provocar el regreso al esquema anterior, que el propio municipio cuestiona.
Fayad reconoció el impacto de la caída petrolera, pero defendió el reparto
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, rechazó las acusaciones de discriminación política y sostuvo que la distribución de los recursos debe analizarse considerando la situación de los 18 departamentos.
El funcionario recordó que la normativa original data de 1996 y que desde entonces hubo modificaciones importantes. Entre ellas, destacó la reforma de 2010, cuando la Provincia incrementó la masa de recursos coparticipables del 14,4% al 18,8%, y la actualización de 2024, que buscó adecuar los coeficientes a los cambios demográficos.
Según Fayad, ninguna de esas modificaciones perjudicó a Rivadavia. Por el contrario, afirmó que la última reforma mejoró su participación en el reparto.
“Estamos hablando de una norma que tiene más de 30 años. Ese argumento de amigos-enemigos o de discriminación creo que no tiene ningún sentido”, expresó el ministro.
Sin embargo, Fayad reconoció que uno de los planteos de Mansur tiene fundamento: la transformación de la actividad petrolera en Rivadavia y la pérdida de recursos vinculados a esa producción. “Creo que es un punto válido, un planteo válido del intendente de Rivadavia”, admitió.
De todas formas, aclaró que los otros intendentes también tienen argumentos para reclamar una mayor participación. Mencionó, entre otros factores, el costo de prestación de los servicios, la población que reciben de otros departamentos y las necesidades de infraestructura derivadas del crecimiento demográfico.
“No es procedente hacer un análisis aislado de la situación puntual de un solo municipio, sino que hay que entender que la participación municipal en materia de coeficientes es un juego de suma cero”, explicó.
Para Fayad, la discusión debe resolverse en la Legislatura, donde corresponde debatir una eventual modificación de los porcentajes de distribución. “Estas discusiones se dan en el ámbito legislativo. Es el mecanismo constitucional para hacerlo”, concluyó.