El Gobierno de Mendoza rechazó los argumentos de la Municipalidad de Rivadavia en la disputa por el reparto de los fondos de coparticipación y aseguró que el reclamo carece de sustento jurídico. La postura oficial será uno de los ejes de la audiencia prevista para el jueves 12 de noviembre ante la Suprema Corte de Justicia, en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por el municipio contra el régimen establecido por la Ley 6.396 y sus modificaciones.
La Provincia sostiene que Rivadavia no logró demostrar un perjuicio económico concreto y que, además, la reforma introducida por la Ley 9.550 mejoró su participación en la distribución de los recursos. Según los datos expuestos por el Ejecutivo, el coeficiente del departamento pasó de -0,773% a -0,749%, por lo que una eventual declaración de inconstitucionalidad podría derivar en el regreso al esquema anterior, que el propio municipio cuestiona.
El argumento central de la Provincia es que la reforma no perjudicó a Rivadavia, sino que mejoró su posición dentro del esquema de coparticipación. El coeficiente del departamento pasó de -0,773% a -0,749%.
Además, el Ejecutivo remarca que el municipio ocupa el noveno lugar entre los departamentos más poblados de Mendoza, con 63.589 habitantes según el Censo 2022, y que recibe una porción de los recursos que se distribuyen en partes iguales entre las comunas, independientemente de su cantidad de habitantes.
El sistema vigente mantiene tres criterios para repartir los fondos: el 65% se distribuye según la población, el 25% en partes iguales entre los 18 municipios y el 10% restante se asigna mediante un coeficiente de compensación demográfica. Para el Gobierno, este mecanismo permite equilibrar las diferencias entre departamentos y no resulta irrazonable. También sostiene que las regalías hidrocarburíferas no fueron incorporadas como una variable de distribución en ninguna de las dos versiones de la normativa.
Este último punto es uno de los ejes de la controversia. El intendente Ricardo Mansur cuestiona el denominado coeficiente petrolero y sostiene que Rivadavia continúa soportando un descuento histórico vinculado con las regalías, pese a la caída de la producción hidrocarburífera del departamento. Según los cálculos difundidos por el municipio, el esquema actual representaría una pérdida superior a los $15.000 millones proyectados para 2027 y una quita acumulada de más de $45.000 millones desde la reforma de 2024.
En el plano jurídico, la Provincia también respalda su defensa en los argumentos presentados por Fiscalía de Estado. El organismo considera que la discusión sobre los criterios de distribución de los recursos corresponde a la Legislatura y que se trata de una “cuestión política no judiciable”. Según esa postura, el control de la Suprema Corte debería limitarse a verificar que la norma haya sido sancionada correctamente y que no incurra en una manifiesta irrazonabilidad.
La audiencia está prevista para este jueves 12 de noviembre, a las 10, con la participación de Mansur y representantes del Gobierno provincial. Aunque el encuentro fue convocado como una instancia de conciliación, la Provincia aclara que, en este tipo de acciones de inconstitucionalidad, el procedimiento apunta principalmente a resolver sobre la admisión de las pruebas y no implica una decisión anticipada sobre el fondo de la causa.
Tras casi 29 meses desde la presentación de la demanda, el conflicto llegará así a una nueva instancia ante el máximo tribunal provincial