Daniel Orozco y Janina Ortíz recusarán a la jueza Dolores Ramón, a cargo de la investigación por presuntos delitos de cohecho y peculado, al considerar que su actuación afecta la garantía de “imparcialidad judicial”. La presentación se realizará en una audiencia prevista para este jueves a las 13.30 en el Polo Judicial, donde el tribunal deberá resolver si la magistrada continúa al frente del expediente.

Desde la defensa evitaron adelantar en detalle los fundamentos, aunque sostienen que cuentan con elementos suficientes para acreditar la supuesta parcialidad.

El abogado Raúl Burela afirmó que esperan una definición en la misma jornada. “La recusación es porque encontramos una falencia grave en la imparcialidad judicial. Entendemos que hay una severa afectación al derecho de la defensa. Vamos a ver, y creemos que así será, si los argumentos son suficientes para la recusación”, sostuvo el letrado.

Uno de los ejes centrales del planteo defensivo apunta al origen de la causa. Según Burela, el expediente se apoya en un audio cuya autenticidad aún no fue corroborada por el Ministerio Público Fiscal y que, además, habría sido obtenido de manera ilegal.

“Toda esta megacausa se origina en un audio que Ministerio Público Fiscal aún no corrobora que sea auténtico. Además, es un audio que se consiguió de manera privada y la persona que fue grabada tampoco dio su aprobación”, señaló.

La recusación se produce en el marco de la causa conocida como “cooperativas truchas”, que en junio de 2025 fue elevada a juicio por el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli.

En ese expediente se acusa a Orozco y a su esposa de liderar una estructura delictiva que, entre 2021 y 2023, habría desviado fondos municipales mediante licitaciones manipuladas y contrataciones directas a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, presuntamente inactiva y reactivada de forma irregular para esos fines.

Según el requerimiento fiscal, la maniobra incluyó la intervención de funcionarios municipales y la realización de trámites ante distintos organismos para habilitar formalmente a la cooperativa, sin conocimiento de sus supuestos integrantes. Para la acusación, el objetivo fue encubrir el desvío de recursos públicos mediante procesos administrativos amañados, lo que ahora queda atravesado por el planteo de la defensa sobre la imparcialidad de la jueza que instruye la causa.