Este miércoles se desarrolló en Tribunales una audiencia por el caso de los rugbiers franceses, encabezada por la Suprema Corte y a pedido de la querella, que viene denunciando perjuicios en los dos fallos que dictaron el sobreseimiento de los acusados: Oscar Jégou y Hugo Auradou.
En concreto, el máximo tribunal presidido por Dalmiro Garay será el responsable de analizar si investigará el caso nuevamente para rever las resoluciones anteriores o bien desestimará el planteo y las deja firmes.
Durante la audiencia liderada por el propio Garay, secundado por José Valerio y Norma Llatser, los ministros atendieron los agravios de la querella, es decir, los perjuicios que, según denunció, sufrieron por el último fallo que los desligó de las acusaciones.
La querella argumentó en el recurso de casación que la sentencia está llena de “arbitrariedad y falta de fundamentación“, ya que presenta “razonamientos y conclusiones que no derivan lógicamente de la prueba producida”, lo que representó una “violación a las reglas de la sana crítica racional y del debido proceso”.
La representación de la denunciante está compuesta por los letrados Félix Lorente, Natacha Romano, Carlos González, Florencia Giamportone, Javier Mollar y Pablo David.
Según el reclamo, son seis los puntos para considerar el agravio. La falta de juzgamiento con perspectiva de género, la valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba, la denegación arbitraria de prueba, la falta de agotamiento de la etapa de la investigación penal, la falta de diferenciación de roles en la intervención de los acusados y el prejuzgamiento y defectos de fundamentación. Por eso, pidieron que se dejen sin efecto los sobreseimientos de los deportistas.
El Ministerio Público Fiscal, representado en la audiencia por la fiscal jefe de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler, consideró que el pedido debe ser rechazado. De hecho, la fiscalía se mantuvo firme en los pedidos de sobreseimiento.
Según el Ministerio Público, no existe evidencia pendiente que permita suponer la necesidad de modificar la situación procesal de los imputados. “La querella no ha logrado demostrar la arbitrariedad o insuficiencia de la decisión impugnada”, advirtió.
De todas formas, la abogada de la denunciante, Natacha Romano, señaló que la queja gira en torno a lo “apresurado” de la resolución anterior. “No es la idea apurar a la Corte, estamos pidiendo que se revoque el sobreseimiento, que se reabra la investigación y que aparten a los fiscales que intervinieron“, aseguró.
“No estamos pidiendo ningún favor, solo queremos que se investigue”, concluyó.
Luego de la audiencia de este miércoles, los ministros definirán si se da lugar al planteo y disponen reabrir la investigación, con nuevos fiscales, o si resuelven rechazarlo y por ende dejan firme el sobreseimiento.
La definición podría conocerse en un mes, porque tienen días hábiles para tomarla, entre los que se incluye la feria judicial, que será entre el 10 y el 31 de este mes. Se estima que en agosto podría estar la resolución.