La reglamentación de este lunes que aplicó el gobierno de Mendoza sobre las leyes que regulan a las aplicaciones de viajes ya provoca efectos inmediatos: Uber y Cabify comenzaron a restringir el ingreso de nuevos conductores, a depurar perfiles y a elevar los requisitos de habilitación, según confirmaron los propios trabajadores.
Si bien las empresas evitaron pronunciarse, Uber no respondió a las consultas y Cabify directamente rechazó dar declaraciones, los choferes aseguraron que las plataformas “ya venían endureciendo sus filtros desde hace meses”. Esto debido al crecimiento acelerado de inscripciones y los cambios legislativos que ahora endurecen controles y sanciones.
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Matías, chofer de Uber, explicó que la ola de nuevas solicitudes había generado un ritmo imposible de sostener.
“No es nada nuevo. Desde hace meses redujeron el alta de nuevas cuentas y algunas están siendo dadas de baja por no cumplir requisitos: modelo de auto, certificados, revisiones. La demanda explotó. De diez Fiat Cronos que se ven en la calle, siete son de aplicaciones”, ejemplificó en diálogo con El Sol.
Los trabajadores coincidieron en que el “boom” de conductores se debe, en parte, a que Cabify acepta remises y Uber permite el ingreso de taxis, lo que amplió la cantidad de choferes interesados en sumarse para mejorar ingresos en un contexto económico complejo.
Freno en las inscripciones
De acuerdo con los choferes y a pesar de la reglamentación provincial, las plataformas ajustaron aún más sus sistemas internos. En primer lugar, la limitación de nuevos ingresos con decenas de aspirantes que no pueden completar el alta.
Otra, en la baja de cuentas activas, donde los perfiles son eliminados por incumplimientos documentales o por antigüedad del vehículo. Además de una nueva documentación obligatoria, ya que Uber sumó el certificado de antecedentes penales para taxis que quieran operar en la plataforma.
Para muchos conductores, esto representa un embudo deliberado: “Están cerrando la entrada porque hay demasiados autos. Y ahora con la ley nueva, tienen que cuidar más que nunca a quién habilitan”, dijo un chofer de Cabify.
La contracara
El presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (APROTAM), Cristian Martínez explicó que el sector viene trabajando junto a la Secretaría de Transporte para enfrentar lo que consideran una “desregulación implícita” en el mercado de movilidad.
Martínez sostuvo que taxis, remises y aplicaciones compiten en un escenario sin límites claros, lo que afectó tanto la rentabilidad de los inversores como la posibilidad de que los trabajadores, sean de taxi tradicional o de aplicaciones, puedan garantizarse un ingreso estable.
Según detalló, Aprotam viene solicitando desde hace tiempo la limitación de la oferta en función de parámetros objetivos, como la cantidad de habitantes, para evitar la saturación del sistema. Aunque el Gobierno inicialmente rechazó establecer cupos, sí aceptó avanzar en más controles y sanciones, tanto para taxis y remises como para las plataformas digitales.
Por úlimo, Martínez destacó que una de sus principales propuestas fue que el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) reforzara los controles y haga cumplir la normativa de manera efectiva. Además de señalar que las recientes modificaciones legislativas surgieron, justamente, luego de estas “negociaciones y ahora el desafío es que el Estado aplique las sanciones a quienes no cumplan”.
La ley endureció los controles
La reforma provincial apuntó a formalizar el servicio y controlar de manera más estricta al sector. Entre los puntos más sensibles para los choferes están:
- Prohibición de “doble chapa”: solo se permite una licencia por persona, salvo autos eléctricos.
- Mayor responsabilidad para las plataformas: Uber y Cabify quedan obligadas a no asignar viajes a conductores sin permiso o sin vehículo habilitado.
- Riesgo de sanciones duras: incumplir estas obligaciones puede derivar en suspensiones de hasta dos años o incluso la inhabilitación definitiva.
Esto coloca a las aplicaciones en una posición de mayor vigilancia, sobre todo porque si dejan ingresar a choferes sin la documentación exigida, ellas mismas pueden ser sancionadas.
“Malestar” entre aspirantes
Aunque el Gobierno flexibilizó uno de los requisitos, permitiendo que los vehículos tengan hasta 7 años de antigüedad en lugar de 5, los trabajadores indicaron que no sirvió para aliviar el panorama.
Muchos aspirantes se encuentran con un escenario inesperado: “Te dejan tener un auto más viejo, pero no te dejan entrar. Hay gente que compró un vehículo pensando en trabajar en Uber y ahora no puede habilitarse”, confirmó un conductor que intenta sumarse desde abril.
La situación generó preocupación entre los propios conductores activos, que temen por los nuevos controles y que esto reduzca los viajes y achique los márgenes de ganancia.Mientras tanto, las plataformas optan por el silencio.