Los médicos recomiendan que los problemas físicos provocados por enfermedades deben ser tratados por especialistas que determinan un tratamiento para revertir o contrarrestrar el avance de la patología.

    Pero a muchas personas se les hace muy difícil si no cuentan con una obra social que les cubra los gastos. Johana Loyola es una celadora de la escuela 1-709 Cordón del Plata de la localidad de Rodeo de la Cruz y acusa de discriminación a la Dirección General de Escuelas (DGE), que por medio de la Dirección de Salud Laboral, la inhabilitó para trabajar.

    El fundamento oficial está relacionado con la obesidad que ella sufre, lo que perjudica y debilita su sistema cardiovascular. La celadora presentó el mes pasado su situación –por medio de una carta de denuncia– a la Fiscalía de Estado por discriminación.

    Además, a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi) le brindan constantemente asesoramiento para actuar en el caso. Desde este organismo afirmaron que siempre se busca una resolución rápida del conflicto y en última instancia se recurre a la denuncia. Johana tiene 23 años y era el único sostén de su hogar, que comparte con su padre que es desocupado, su madre que está enferma y dos hermanos menores de 15 y 13 años.

    Ella venía realizando su labor durante dos años y seis meses cuando fue notificada de que prescindían de sus servicios. Hasta ese momento, nunca tuvo una llamada de atención por parte de los directivos del establecimiento. Su cargo era de refuerzo y estaba a punto de pasar a planta permanente.

    Todo surgió cuando se hizo el primer examen psicofísico obligatorio el cual tenía validez por seis meses. Pero cuando en junio se venció el plazo, un nuevo chequeo médico dio como resultado la negativa de su continuidad hasta que no mejore su condición. De esta manera, se dejó a la joven sin OSEP, por lo que se le complicó mucho más la situación. Sin embargo, la celadora encontró una alternativa y ya comenzó un tratamiento con una nutricionista del centro de salud de Rodeo de la Cruz.

    Desde la DGE,Miguel Ángel Sotile, director de Asuntos Jurídicos, desconocía el tema pero afirmó que no se puede despedir a un trabajador si tiene que recibir tratamiento. Por ahora, el funcionario se comprometió a rastrear el expediente y estudiar el caso. La nota que Johana presentó al fiscal adjunto de Estado, Joaquín de Rosas, comunica que mediante un memorandum, la DGE notificó el 27 de junio de este año que se dejaba sin efecto el nombramiento como celador refuerzo a Loyola, debido a sus antecedentes.

    En el mismo se informa que fue por el examen psicofísico de Salud Laboral, en el que se detecta obesidad, que ella no cumple con las condiciones para acceder al cargo, según lo establecido en la ley 7.734/07. El estudio fue solicitado con carácter de urgente para poder pasarla a planta en cumplimiento de legislación vigente y ella se presentó en Salud laboral donde le determinaron obesidad, lo que, a criterio de la Dirección de Recursos Humanos de la DGE, le impide continuar con el cargo.

    Si hubiese sido nombrada como personal de planta permanente, no perjudicaría a nadie, porque la celadora podría tener estabilidad y ayuda necesaria para un tratamiento a través de la OSEP. La carta presentada denuncia un perjuicio social ya que atenta contra el derecho a continuar trabajando, por lo que seguirá insistiendo el caso por medio de la Justicia y órganos competentes.