La familia de Florencia Romano, la niña de 14 años asesinada en diciembre de 2020 en Maipú, demandó al Estado provincial por daños y perjuicios por $300 millones. La respuesta del Asesor de Gobierno en ese proceso civil causó polémica, ya que Ricardo Canet endilgó parte de la responsabilidad del hecho a los padres de la menor.

“Los padres de la menor víctima, han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente”, señaló Canet en la contestación oficial. Y agregó que “su madre, al menos, reconoció haber conocido la situación que la menor le relatara con anterioridad a la fecha del delito, permitiendo que se relacionara y contactara con personas sospechosas e, incluso, con quien resultara su asesino”.

La Fiscalía de Estado también intervino en el juicio, aunque tomó una postura contraria a la del Asesor de Gobierno. El organismo encabezado por Fernando Simón no adhirió a la respuesta de Canet, por lo que descartó de manera contundente la presunta responsabilidad de los padres de Florencia en el brutal asesinato.

Cerca de Simón, además, cuestionaron una declaración de Agustín Magdalena, uno de los representantes legales de la familia Romano, quien este martes en una entrevista con Canal 9 Televida denunció que la Fiscalía de Estado había avalado la respuesta del asesor de Gobierno.

“No ha leído bien los alegatos”, respondieron desde la Fiscalía donde, en cambio, sí consideran que el monto reclamado es excesivo y señalan que no está comprobado que Florencia se hubiese salvado si la operadora del CEO daba curso al llamado de un vecino del femicida, que indicaba que una persona pedía auxilio.

En ese último punto existen coincidencias con la respuesta del Asesor de Gobierno, quien en un escrito presentado el 29 de julio de 2021, que tomó estado público esta semana, destacó: “Nada permite generar una objetiva convicción sobre la afirmación gratuita de que el omitido auxilio (policial y médico) habría salvado la vida de la menor”.

En tal sentido, Canet además negó “que la víctima falleciera pura y exclusivamente por desidia estatal”. Y calificó de “francamente absurdo, irracional e inadmisible” el monto de la indemnización reclamado por los padres de Florencia. “No admite ninguna excusa tamaña pretensión desmedida”, manifestó.

Por el crimen de la niña, Pablo Arancibia (33) fue sentenciado a perpetua en un juicio abreviado realizado en julio de 2020. Luego, en octubre de ese año, la policía Soledad Herrera, que ignoró el llamado al 911 que hizo un vecino del femicida, fue condenada por abandono de persona, seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contexto de violencia de género, recibiendo una condena de 3 años de cárcel en suspenso.

“Una barbaridad”

Según Canet, la responsabilidad del femicidio se divide en partes iguales entre Arancibia y los padres de Florencia, por lo que se denomina “culpa in vigilando”.

Para Magdalena, esa respuesta “fue una barbaridad” porque el abogado del Gobierno “le endilgó la responsabilidad de la muerte de Florencia a los padres en un 50%, trató a Florencia de cualquier cosa diciendo que estaba en un grupo de WhatsApp y que su madre sabía. Creemos que el doctor Canet, en su fervor de cumplir con su función, se equivocó. Le faltó la perspectiva de género”.

La millonaria demanda civil se presentó tras la condena contra Herrera, porque en ese proceso “se demostró la responsabilidad del Estado por su mal funcionamiento”, comentó el abogado.

En referencia al monto del resarcimiento económico reclamado por la familia, Magdalena comentó que “no hay plata que le vaya a devolver a Florencia. ¿Cuánto vale la vida de una nena? Tampoco se puede conmensurar”.Y aclaró que la intención es que “el Estado sea sancionado a través de una demanda, es la única forma, para que de una vez por todas cambie”.

La definición quedó a cargo de la jueza Marina Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3. El abogado, que espera que la sentencia se conozca algunas semanas después de feria judicial, pidió que la magistrada “no se deje presionar por el poder político, haga Justicia, tenga perspectiva de género en el fallo, sancione al Estado como corresponde y no revictimice más a la familia. Que indemnice a la familia y siente un precedente que sirva para todas las víctimas de un femicidio“.

El femicidio de Florencia

Romano fue vista con vida por última vez el sábado 12 de diciembre de 2020, cuando salió de su casa para ir supuestamente a reunirse con amigas, según le dijo a sus familiares.

Pero con el correr de la pesquisa se determinó que viajó desde Guaymallén, donde vivía con sus familiares, hacia Maipú, donde residía Arancibia.

Durante la investigación, se estableció que la chica mantenía contacto con el hombre a través de Instagram y que había acordado encontrarse ese día con ella. Ese y otros datos despertaron las sospechas de las pesquisas, quienes días antes de hallarse el cadáver lo arrestaron.

La principal hipótesis del móvil del crimen sostiene que Arancibia quiso abusar de la adolescente y la mató cuando encontró resistencia.

Mientras familiares y amigos realizaban manifestaciones y marchas por el centro mendocino para pedir por la adolescente, luego de varios días de búsqueda, el 17 de diciembre, personal de la Policía Científica y de la Unidad Fiscal de Homicidios hallaron el cuerpo en Maipú.

En paralelo a esta causa, se inició otra para investigar las razones por las cuales no se le dio curso al llamado de un vecino al 911 que indicaba que una persona pedía auxilio realizado por un vecino al CEO de Mendoza.

Esa comunicación se produjo a las 18.58 del sábado y en ella se daba cuenta de una situación de violencia en el domicilio de Arancibia, donde, de acuerdo a la pesquisa, se encontraba Florencia. Por este hecho, la auxiliar Herrera -que fue quien recibió la comunicación- fue condenada y exonerada.