La tensión entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y la Municipalidad de Guaymallén sumó este jueves un nuevo capítulo de conflicto en la vía pública.
Los agentes municipales en huelga arrojaron residuos a lo largo de la avenida Bandera de los Andes, generando montículos de basura cada 200 metros y dejando varios contenedores y cestos dados vuelta sobre la calzada.
Ante la escalada del reclamo, se montó un cordón policial con el objetivo de contener la protesta y evitar que los manifestantes corten la circulación sobre la avenida Libertad y calles aledañas.
Un reclamo que se endureció
El foco más combativo de la manifestación se concentró en las puertas de la sede de Servicios Públicos, ubicada justamente sobre Bandera de los Andes, lugar donde operan las cuadrillas de recolección y se guardan los camiones comunales.
Allí, los manifestantes continuaron arrojando basura sobre las unidades operativas e incendiando residuos. Estas acciones se sumaron a una violenta madrugada de protesta en la que se mantuvieron fogatas de cubiertas durante toda la noche, requiriendo la intervención constante de cuadrillas de control para evitar que las llamas se propagaran.
Paralelamente, otro grupo de trabajadores se concentró en la explanada del edificio municipal reclamando una respuesta del intendente Marcos Calvente, aunque no fueron recibidos por autoridades de la comuna.
Conciliación obligatoria
La escalada de las protestas ocurre en simultáneo con la decisión de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, que dictó este jueves la conciliación obligatoria para frenar las medidas de fuerza. La resolución ordena el cese de los reclamos e insta a las partes a una audiencia formal fijada para el próximo miércoles a las 9.
El conflicto se desató la semana pasada tras el fracaso de las paritarias y la decisión del Ejecutivo municipal de recortar el adicional por “Compensación y Estímulo”, un bono que representaba alrededor de $325.000 para cada trabajador. Aunque la comuna dio marcha atrás y mantuvo el haber para unos 500 empleados que perciben salarios inferiores a $1.200.000, ratificó la quita para los restantes 3.000 agentes.
Por su parte, Calvente justificó el recorte argumentando una caída sostenida de la recaudación provincial, nacional y municipal de entre el 20% y el 30%, agravada por el incendio registrado en el centro de cómputos de la comuna que paralizó el cobro de tasas durante cuatro meses. Mientras el gremio exige la restitución del bono y la reapertura de negociaciones, la comuna insiste en que el equilibrio fiscal es “innegociable”.