El oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez quedó imputado este miércoles por abuso sexual con acceso carnal agravado por su función policial. La fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Andrea Cecilia Lazo sostiene que abordó a una detenida en el baño de la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, donde cumplía tareas como encargado de guardia, tal como publicó este diario.
El efectivo habría reconocido que mantuvo relaciones sexuales con la mujer y sostuvo que fueron consentidas. La causa tiene un componente que complica su situación: el material genético detectado en las prendas de vestir de la denunciante deberá ser cotejado en el marco de la investigación. También hay cámaras de seguridad en la dependencia: no captaron el hecho, pero serán analizadas próximamente.
El caso generó repercusiones dentro de la fuerza provincial. No se trata solamente de una denuncia contra un uniformado, sino de un episodio que habría ocurrido en el interior de un edificio policial, cuando la mujer se encontraba privada de su libertad y bajo la custodia de la Policía. Moyano Sánchez fue detenido y apartado preventivamente de sus funciones por el Ministerio de Seguridad mientras avanza la causa penal.
El hecho se habría producido este martes a las 11.30, en el baño de la comisaría ubicada en la intersección de las calles Nihuil e Italia. El oficial llevaba poco tiempo trabajando en ese nuevo destino, adonde había llegado desde la Policía Vial. Al momento del episodio estaba de servicio como oficial de guardia y no tenía un arma asignada; es decir, desarrollaba tareas administrativas.
La reconstrucción describe una secuencia que habría comenzado cuando la detenida se disponía a salir del sanitario. Según fuentes policiales que hablaron con este diario, Moyano Sánchez la interceptó y la hizo ingresar nuevamente.
Dentro del lugar, el policía habría aprovechado la relación de autoridad que ejercía sobre la mujer por su condición de uniformado a cargo de la guardia. Allí le habría besado partes íntimas y realizado tocamientos por encima de la ropa, entre otros actos.
Por lo que trascendió, el efectivo la habría colocado de espaldas y le habría ordenado que guardara silencio y se bajara los pantalones. La mujer, en ese momento, habría sido abusada con acceso carnal.
Detuvieron e imputaron a un penitenciario acusado de violar a una presa en el Polo Judicial
Un guardia del Servicio Penitenciario (SP) quedó detenido e imputado por abuso sexual agravado tras la denuncia de una mujer que se encontraba privada de la libertad, en un caso que sacudió al sistema judicial y penitenciario en las últimas horas.…
La versión del uniformado y una prueba clave
Frente a la denuncia, la versión atribuida al uniformado introduce una diferencia central respecto de la hipótesis del Ministerio Público: habría admitido que mantuvo un encuentro con la detenida, pero sostuvo que fue consentido.
Esa explicación colocó el eje de la pesquisa en las circunstancias en las que se produjo el encuentro y, especialmente, en la posibilidad de que existiera un consentimiento en un encuentro atravesado por una marcada desigualdad de poder.
La situación del ayudante es delicada por el lugar en el que habría ocurrido el episodio y por la función que desempeñaba. No estaba fuera de servicio ni se encontraba en una situación ajena a sus obligaciones: era el oficial de guardia de una dependencia en la que había personas privadas de la libertad. Para la acusación, esa condición habría sido determinante en el abuso denunciado.
A ese escenario se suma el material genético que fue detectado en las prendas de vestir de la mujer. Ese elemento deberá ser analizado y cotejado para establecer su correspondencia con el perfil genético del efectivo y determinar qué valor tiene dentro del conjunto de pruebas.
Moyano Sánchez fue separado preventivamente de sus funciones por decisión de las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia. La medida se adoptó luego de que trascendiera la denuncia. Además, se evaluaba su eventual pase a situación pasiva, en paralelo con el avance de la causa penal.
La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Flavio D’Damore, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, y luego pasó a la órbita de Lazo.
Una vasectomía, clave para que un penitenciario siga preso por abusar sexualmente de una detenida
La jueza Dolores Ramón dictó este martes la prisión preventiva para el penitenciario acusado de abusar sexualmente de una mujer detenida en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.) del Polo Judicial. La magistrada hizo lugar al pedido formulado por…
Una reconocida estafadora
La mujer que denunció al policía es una conocida estafadora serial de Mendoza, cuya trayectoria delictiva acumula decenas de hechos que lograron ser probados en su contra. Su nombre ha aparecido durante años en expedientes judiciales vinculados con engaños reiterados, condenas y nuevas investigaciones.
También fue protagonista de episodios que tuvieron repercusión pública y generaron escraches en redes sociales.
Uno de los mecanismos que utilizaba consistía en presentarse como una persona con contactos en organismos en gobiernos de turno y ofrecer supuestas carpetas para acceder a casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). A cambio, solicitaba dinero a quienes buscaban obtener una vivienda. Esas maniobras formaron parte de las causas que terminaron con condenas en su contra.
Su historial también está marcado por los incumplimientos de medidas impuestas en los hechos que terminaba reconociendo en debates abreviados.
Mientras cumplía prisión domiciliaria por una investigación relacionada con esas estafas, a fines del 2024 y comienzos del año pasado, habría ideado una maniobra para conseguir permisos de salida mediante supuestas consultas médicas y una intervención ginecológica en un hospital privado, detallaron fuentes judiciales.
Para respaldar el pedido, presentó certificados que indicaban que debía ser atendida e internada en el Hospital Español. Sin embargo, a principios de marzo de este año, cuando penitenciarios se presentaron en el centro asistencial para retirarle la tobillera electrónica y reemplazar ese control por rondines de custodia, las autoridades sanitarias informaron que no existían registros clínicos recientes que respaldaran esas consultas.
La mujer fue declarada prófuga y se ordenó su captura. A fines de ese mes la localizaron en calle Córdoba de Ciudad. Se encontraba viviendo en una pensión.
La instrucción determinó que los certificados eran falsos y llevaban el sello y los datos de una ginecóloga del hospital. La profesional negó haberla atendido durante ese período y una pericia caligráfica concluyó que las firmas habían sido imitadas.
Por esa maniobra se sumaron nuevas actuaciones judiciales, vinculadas tanto con el uso de documentación apócrifa como con el incumplimiento de las condiciones de la detención domiciliaria.
Finalmente, recuperó la libertad después de cumplir una pena de un año y ocho meses de prisión, aunque su historial continuó abierto a nuevas intervenciones judiciales.
Así las cosas, la mujer volvió a ser detenida y fue derivada a la Comisaría Séptima el 9 de este mes, luego de quedar aprehendida en una nueva causa por estafa, que tramitaba en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.