La media sanción del proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años reactivó un debate histórico en Argentina. Mientras el oficialismo y sectores aliados celebran el avance de un régimen que busca terminar con la “puerta giratoria” para menores, algunas voces con experiencia territorial en Mendoza aportaron una mirada cargada de escepticismo.
El ex camarista penal de menores, Carlos Parma, conocido por haber impuesto prisiones perpetuas en casos de homicidios cometidos por adolescentes -lo que en su momento generó fuertes polémicas internacionales-, se refirió al tema en diálogo con LVDiez. Para el especialista, el enfoque legislativo actual es insuficiente y simplista.
“Una discusión ad infinitum”
Para Parma, centrar el debate en si la edad de corte debe ser 12, 13 o 14 años es “una discusión ad infinitum” y una aspirina” que no cura la enfermedad de fondo. “Estos temas los hemos conversado desde hace decenas de años. La desnutrición infantil, el maltrato intrafamiliar, la droga temprana, el hacinamiento y la negación que presenta el mundo virtual son problemas gravísimos”, analizó el docente e investigador.
El ex juez fue contundente respecto a la falta de contención estructural: “El interés superior del niño no es lo mejor, es lo más adecuado. Y a veces lo más adecuado es sacarlo del barrio. Si no hay papá ni mamá, ¿a dónde lo llevo?”.
En ese sentido, apuntó directamente contra el discurso de ajuste fiscal del Gobierno nacional: “Milei dice que no hay plata; entonces, que digan cómo vamos a construir un nuevo COSE, cómo vamos a poner trabajadores sociales, psicólogos, jueces y tratamientos. El 90% de los pibes tienen el alcohol o las drogas como elemento exógeno”.
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Los puntos clave del proyecto aprobado
A pesar de las críticas de especialistas como Parma, el proyecto que ahora pasa al Senado introduce modificaciones sustanciales al sistema actual:
- Edad de imputabilidad: se fija en 14 años para todos los delitos.
- Penas máximas: se descarta la reclusión perpetua y se establece un máximo de 15 años de prisión.
- Sanciones alternativas: para delitos con penas menores a 3 años no habrá prisión. Entre 3 y 10 años (sin muertes ni lesiones graves), se priorizarán enfoques educativos y sociales.
- Financiamiento: ante el reclamo de la oposición, se asignaron más de $20.000 millones para la Defensoría General y $3.000 millones para el Ministerio de Justicia para garantizar la aplicación del régimen.
La brecha entre la ley y la realidad
Parma sostiene que, aunque la sociedad suele estar de acuerdo con bajar la edad porque se siente amenazada —“Dios no juega a los dados, pero el delincuente que sale de caño con un revólver sí”, afirmó el especialista—, la solución real no vendrá de la mano de este cuerpo legislativo.