El Gobierno de Mendoza promulgó este jueves la Ley 9736, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una parcela de más de nueve hectáreas en Los Corralitos, Guaymallén, donde se construirá un sistema de humedales artificiales para tratar los efluentes industriales del colector Pescara. La medida busca avanzar en una obra de remediación ambiental destinada a mejorar la calidad del agua que luego se incorpora al sistema de riego agrícola.

La norma establece que el Departamento General de Irrigación (DGI) será el organismo encargado de llevar adelante la expropiación y deberá afrontar los gastos que demande el procedimiento. El inmueble está ubicado sobre calle Godoy Cruz, en una zona rural de Los Corralitos.

La promulgación llega en un contexto de preocupación por la contaminación y los desbordes de efluentes en Guaymallén, donde los problemas de infraestructura cloacal y los episodios de derrames en los últimos años afectaron a vecinos y zonas productivas. Sin embargo, el proyecto de humedales está específicamente orientado al tratamiento de los líquidos industriales que circulan por el colector Pescara.

Cómo funcionará el humedal artificial

El terreno expropiado tiene una superficie de 9 hectáreas y 3.040,45 metros cuadrados, según la mensura consignada en la ley. Allí se prevé implementar un sistema de fitodepuración que utiliza procesos naturales para reducir los contaminantes presentes en los efluentes industriales.

El colector Pescara se extiende aproximadamente 15 kilómetros y recibe los líquidos de unos 32 establecimientos industriales de Maipú y Guaymallén, entre ellos bodegas, conserveras, aceiteras, plantas de faenamiento y fábricas de bebidas. La infraestructura tiene incidencia sobre más de 3.300 hectáreas productivas que dependen de la calidad del agua para riego.

De acuerdo con los antecedentes técnicos presentados durante el tratamiento legislativo, el sistema de humedales tendrá capacidad para tratar un caudal estimado de 500 metros cúbicos por hora cuando funcione a pleno. El mecanismo utilizará especies vegetales como totoras, carrizos y juncos, que intervienen en la absorción, el filtrado y la degradación de contaminantes.

La iniciativa se apoya en una experiencia piloto de fitodepuración que comenzó en septiembre de 2022. Según los estudios técnicos citados durante el debate legislativo, las pruebas registraron reducciones de materia orgánica, microorganismos patógenos, nitrógeno y fosfatos. El sistema también apunta a reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento respecto de otras alternativas de tratamiento.

La crisis ambiental que afecta a Los Corralitos

La obra se proyecta en una zona que arrastra problemas ambientales y sanitarios vinculados con los desbordes de líquidos cloacales y la contaminación de cauces de riego. En septiembre de 2025, Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria en sectores afectados por el colapso de infraestructura cloacal, con consecuencias para vecinos y áreas agrícolas.

En mayo de 2025, otro episodio de contaminación impactó en el canal Pescara, luego de que una obstrucción provocada por el arrastre de sedimentos y basura durante una tormenta derivara en la rotura de una cañería. El incidente obligó a implementar medidas de contingencia y generó advertencias sobre la necesidad de mejorar la infraestructura para evitar nuevos desbordes.

Desde entonces, cada vez que ocurren eventos donde se producen importantes lluvias, la zona se ve afectada por derrames de efluentes cloacales,.

En ese escenario, la expropiación constituye un paso administrativo para avanzar con una solución específica para los efluentes industriales. La Ley 9736 establece la disponibilidad del terreno y asigna al DGI la responsabilidad de concretar el procedimiento, aunque la promulgación por sí sola no implica que las obras estén terminadas ni fija una fecha de puesta en funcionamiento del sistema.