El Gobierno ingresó en la Legislatura un proyecto de ley por el que busca modificar el Estatuto Docente para evitar que personas condenadas en primera instancia por delitos sexuales puedan ejercer cargos como celadores o docentes en las escuelas de la provincia.
El proyecto de “ficha limpia” es una iniciativa del Poder Ejecutivo e ingresó este jueves en la Cámara de Senadores.
En concreto el proyecto de ley propone una serie de cambios en la normativa que regula el acceso a la docencia y la permanencia en el ámbito educativo, enfocándose en la exclusión de aquellos que hayan sido condenados por delitos graves.
Entre los delitos que impiden el ingreso a la docencia, la norma incluye aquellos contra la integridad sexual, la suposición y supresión del estado civil e identidad, y los delitos contra la libertad individual. Además, establece que una condena por estos delitos será motivo tanto de despido como de inhabilitación permanente para docentes, celadores y personal administrativo.
La reforma, promovida por el gobernador Alfredo Cornejo, modifica varios artículos de la Ley N° 4934 del Estatuto Docente, el cual establece los derechos y deberes del personal educativo estatal. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo principal es “lograr una mayor claridad en la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas”.
La propuesta establece que los aspirantes a docentes no podrán ingresar al sistema educativo si tienen condenas, incluso en primera instancia, por delitos relacionados con la integridad sexual, la supresión o suposición del estado civil e identidad, y los delitos contra la libertad individual. Además, introduzca la inhabilitación permanente como sanción disciplinaria para quienes hayan sido condenados por estos crímenes.
El proyecto también modifica el régimen de cesantía y exoneración: mientras que las sanciones actuales contemplan una inhabilitación temporal de tres años y una exoneración por diez años, para estos delitos la inhabilitación será definitiva.
Asimismo, se especifica que tanto los docentes titulares como los suplentes, y también el personal administrativo, deberán estar libres de condenas por estos delitos para poder trabajar en el ámbito educativo.
Por último, la iniciativa propone la creación del Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI) bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas (DGE), para monitorear y registrar las sanciones aplicadas a personal docente y administrativo.
En tanto, las autoridades provinciales argumentan que la legislación vigente ha quedado obsoleta frente a los nuevos desafíos sociales, como el aumento de denuncias de acoso, violencia y maltrato a menores por parte de adultos. Este contexto ha impulsado la modificación de leyes con el fin de reforzar las medidas de protección.
El detonante
A finales de octubre cinco alumnas de la escuela Nº 1-482 Tomas Alva Edison del barrio Santa Ana de Guaymallén denunciaron que en varias oportunidades un docente de 59 años las manoseo en sus partes íntimas. Por ese motivo, el educador fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
Una de las alumnas denunciantes relató que, en una ocasión, el profesor “la abrazó y le tocó los pechos”. Mientras que otras víctimas afirmaron que aprovechaba para manosearlas en la cola o el muslo, cada vez que se acercaban a su pupitre y le pedían pedirle permiso para ir al baño.
El dato más escalofriante del hecho, es que el acusado confesó que años atrás ya había sido denunciado por episodios similares en la escuela Nº 1-666 Batalla del Pilar, localizada en calle Muñiz al 700 de Godoy Cruz.
Tras esto, los investigadores del caso constataron que el docente había sido condenado por esa causa en mayo de 2017 a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple -tocamientos- agravado por la condición de encargado de la educación y la guarda.
A principios de noviembre fue cuando el ministro de Educación, Culturas e Infancias, Tadeo García Zalazar confirmara que presentarían este proyecto.