El procurador general de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, se sumó a las críticas expresadas por el gobernador Alfredo Cornejo y exigió a jueces y fiscales aplicar penas más severas a delincuentes reincidentes, como el caso de Carlos Javier Estrada, detenido recientemente tras atacar brutalmente en Godoy Cruz a una joven empleada.
Estrada, de 38 años, tiene más de 20 causas penales y había sido condenado en al menos tres oportunidades, pero seguía en libertad pese a tener dos pedidos de captura vigentes.
“Creo que la seguridad no es un tema de competencia exclusiva de la Policía. El Ministerio Público Fiscal y los jueces también tienen mucho que ver. Las penas no solo deben sacar de circulación a los delincuentes, también tienen un valor ejemplificador para el resto”, afirmó Gullé en declaraciones a Canal 9. En ese sentido, sostuvo que en casos de personas reiterantes o reincidentes, “la escala penal debe aplicarse desde el último tercio hacia arriba, no desde el mínimo”.
El procurador apuntó contra una visión “demasiado benévola” de la Justicia a la hora de aplicar sentencias. “Cuando las penas no son suficientemente fuertes, pasa lo que todos vimos en Godoy Cruz. El hombre golpeó salvajemente a una chica trabajadora, teniendo encima un frondoso prontuario y causas activas. Las condenas mínimas para ese tipo de delincuentes no alcanzan”, sentenció.
Gullé también hizo una reflexión sobre el rol resocializador de las cárceles, previsto en la Constitución, pero advirtió que esa función no se cumple plenamente. “No todos los egresados del penal tienen voluntad de volver a ser útiles a la sociedad. Por eso debemos ser inflexibles, tanto los fiscales al pedir penas como los jueces al aplicarlas”, sostuvo. Al mismo tiempo, destacó que se están realizando trabajos internos y que es necesario sumar profesionales para enseñar oficios que puedan brindar una oportunidad real a quienes sí desean reinsertarse.
El jefe de los fiscales dejó en claro que no basta con señalar a la Policía como responsable de la seguridad: “Cada actor del sistema debe cumplir su rol. Si se liberan delincuentes reincidentes o se aplican sanciones mínimas a hechos graves, la sociedad termina desprotegida. Eso no puede seguir ocurriendo”. Además, instó a sus colegas fiscales a no pedir sanciones mínimas cuando las circunstancias exigen otra respuesta penal. “En delitos con armas, reincidencias o violencia, no se puede ir por la mínima. No es suficiente”, dijo.
Las declaraciones de Gullé coinciden con las vertidas por el gobernador Cornejo, quien también había advertido sobre la “corresponsabilidad de los jueces” frente a casos como el de Estrada. Ambos funcionarios coinciden en que el sistema penal debe aplicar sanciones proporcionales al daño causado y al historial delictivo de los imputados, para evitar que personas peligrosas vuelvan a delinquir bajo un amparo judicial que, según dijeron, resulta excesivamente laxo.