El acuerdo firmado entre el Gobierno y las distribuidoras eléctricas fue uno de los temas que marcaron la audiencia pública realizada este martes, a la que la Secretaría de Servicios Públicos asistió para dar detalles del convenio, además de escuchar críticas de los representantes de los consumidores. El encuentro fue convocado para debatir un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD).
Manuel López González, coordinador de Gabinete del organismo que conduce Natalio Mema, fue el enviado del Ejecutivo para exponer los puntos de la prórroga por 20 años de la concesión del servicio a Edemsa, que a cambio renunciará a un reclamo millonario por “ingresos no percibidos”.
La audiencia se desarrolló en un tono tranquilo, pero no sin críticas hacia el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y al Gobierno por “beneficiar” a las distribuidoras. Las asociaciones defensoras de los consumidores plantearon que las explicaciones deberían haber llegado antes de este encuentro, y no después de estampar las firmas en un decreto. También aseguraron que el tema debió ponerse a debate dentro del órgano consultivo del EPRE.
Lo que se viene
Tras esta audiencia, el siguiente paso es la entrada en vigencia de dichos acuerdos. Esto se espera que suceda a mediados de año, luego de que las compañías hagan las presentaciones correspondientes para acreditar que renuncian a sus reclamos administrativos y judiciales contra la Provincia.
“Son convenios transaccionales. A la fecha ninguno está vigente todavía, por eso hacemos esta exposición. Una vez que se cumplan las condiciones y entren en vigencia empezarán a producir efectos”, afirmó López González.
La Provincia también espera que se cumpla otro paso administrativo: que las distribuidoras suscriban los acuerdos con la Secretaría de Energía de la Nación y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) respecto a los planes de pago del acuerdo dado en el marco del Régimen Especial de Regularización de Obligaciones, que incluye la condonación de parte de la deuda de Edemsa, Edeste y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.
Posteriormente, pasando agosto, se convocará a una audiencia pública para debatir los acuerdos firmados y determinar el impacto que tendrán en el bolsillo de los usuarios.
“Recién ahí podremos determinar los efectos para los consumidores, pero no será de más del 5%, según lo que calculamos”, sostuvo el coordinador de Gabinete de Servicios Públicos.
Es que parte del convenio habla de una inversión en la infraestructura eléctrica, con un plan de obra de $17.000 millones, a realizar en 10 años, que formará parte de la tarifa. A su vez, el Estado renunció a cobrarle a Edemsa el 20% del valor de la concesión que se prorrogó, lo que ronda en unos $24 mil millones.
En cuanto a la deuda que tendría la Provincia por ingresos no percibidos tras un congelamiento de aumentos aplicado en la segunda presidencia de Cristina Kirchner, López Gonzaléz explicó: “La estimación que hacen no es reconocida de modo alguno a la hora de celebrar el acuerdo. Contamos con documentación técnica del EPRE y sería sustancialmente menor. Los montos han sido valuados en carácter reservado, pero sí elevados a Fiscalía de Estado”.
Tal deuda fue reconocida en 2008 por el entonces gobernador Celso Jaque. Luego, Francisco Pérez, previo a dejar el cargo, también les reconoció “ingresos no percibidos”. Es por eso que el Gobierno dice que no quiere darles otro antecedente jurídico que pueda ser utilizado por las empresas para presentar una demanda.
En tanto, Andrea Molina, presidente del ente de control, declaró: “El rol del EPRE fue solamente técnico, no hemos sido parte del acuerdo”.
Aumento de la tarifa
La audiencia de este martes se realizó el Espacio Cultural Julio Le Parc, de Guaymallén, para discutir un aumento en el Valor Agregado de Distribución (VAD), único ítem que le corresponde fijar a Mendoza.
Como no es vinculante, la decisión final quedará en manos del gobernador Rodolfo Suarez. La aplicación del incremento sería a finales de abril o principios de mayo.
El informe del EPRE indicó que para el 85% de los usuarios habrá una adecuación promedio del 15%, según la categoría tarifaria y consumo.
- Usuarios residenciales con consumos bimestrales menores a 299 kWh (240.7801): $280 por mes.
- Usuarios residenciales con consumos bimestrales entre 300 kWh a 599 kWh (175.852): $736 por mes.
- Usuarios residenciales con consumos bimestrales mayores a 600 kWh (140.195): $2056 por mes.
Las empresas, por su parte, pidieron un ajuste del 48,4%, en promedio, lo que tendría un impacto para los consumidores de alrededor del 19,9%.