Tras quedar en el ojo de la tormenta por denuncias de corrupción, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) negó la información acerca del detalle del gasto en viáticos que realizó durante 2018 y 2019 tras un pedido de acceso a la información pública (ticket n° 851837).
El Tribunal de Cuentas detectó un millonario fraude en la DPV que se realizó a través de la adulteración de planillas de viáticos. Por ese motivo el organismo auditor sancionó al exadministrador, Oscar Sandes y a quien estaba a cargo de Recursos Humanos, Corina Gallardo. También la Justicia está detrás de esta investigación.
Lo cierto es que, sin mayores explicaciones, la DPV se escudó bajo un decreto sancionado durante la administración de Alfredo Cornejo y de ese modo no dio precisiones sobre el gasto en viáticos solicitado.
“Se informa que en virtud de la excepción establecida en el Art. 2º Inc. b del Dec.1717/16, la rendición de los gastos de viáticos forman parte de las rendiciones de los fondos fijos, junto con los demás gastos y erogaciones que se realizan en ese marco y en toda la repartición”, fue la respuesta obtenida
Qué dice el decreto
La normativa a la que hace referencia el organismo -que actualmente conduce Osvaldo Romagnoli – reglamentó el régimen de viáticos de la provincia estableciendo un “marco legal único” para su liquidación y rendición”.
En su artículo 2° realiza una serie de excepciones a esa reglamentación de la rendición de las asignaciones y entre ellas, deja afuera al personal de Vialidad.
Artículo 2° – Quedan exceptuados del presente régimen:
a) personal de Inspectores y sobrestantes afectados a obras públicas,
b) personal de Dirección de Vialidad,
c) inspectores de otros organismos o reparticiones estatales,
d) personal de las Policías de Mendoza, que observará las disposiciones del Decreto Acuerdo N° 1869/04.”
Mientras que el resto, la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y organismos de carácter “3” y “5”, deben “rendir cuentas de todo dinero que perciba en concepto de viáticos y pasajes por servicios prestados o que se les encarguen en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el Art. 39 de la Constitución Provincial”, señala el decreto.