El planteo de los gremios estatales, que piden la apertura de paritarias en medio de la crisis, se presenta, a priori, como poco conveniente.
A la hora de analizar la situación laboral y salarial de la Provincia, está claro que el sector público es el que menos ha sufrido el impacto de la recesión y la consecuente caída del poder adquisitivo. Tiene una explicación lógica: durante el 2018 y el 2019 tuvieron la ventaja de acceder a una cláusula gatillo que, además de los acuerdos paritarios, garantizaba correcciones mes a mes según la variación salarial. Fue una herramienta imposible de implementar en los privados. Y, más allá de las actualizaciones salariales, no hubo manera de seguir el ritmo acelerado de los precios.
En este contexto, el país y la provincia entraron en una cuarentena obligatoria que significó la paralización total de la mayoría de las actividades comerciales e industriales. Dentro del marco estatal, salud, seguridad y educación fueron áreas esenciales.
El resto agudizó las dificultades económicas. Por eso, desde el Estado lanzaron planes de emergencia, como el IFE, préstamos a tasas subsidiadas y aportes para que las empresas pudiesen pagar sus sueldos.
Las cuentas provinciales no pasan por un momento saludable. Y, cuando desde todos los sectores hacen esfuerzos extremos, y cuando día a día se cierran puestos de trabajo, manifestarse para pedir un incremento salarial carece de sentido de oportunidad.