El femicidio de Florencia Romano generó repudio y reacciones en toda la sociedad. Tras el crimen de la joven de 14 años el accionar del 911 quedó bajo la lupa y por eso ahora el peronismo apunta, a través de un proyecto, a crear una Auditoría de Control y Transparencia Institucional del CEO 911.

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Se trata de un organismo que funcionaría por fuera del Ministerio de Seguridad bajo la órbita del Poder Legislativo.

El presidente del bloque del Frente de Todos del Senado y autor del proyecto, Lucas Ilardo, explicó los alcances de la iniciativa.

“Dijimos que el caso Florencia no podía ser uno más. Que nos obligaba a replantear el sistema, a que sea un punto de inflexión. Para el gobierno, el caso es uno más. El gobernador cree que no hay responsables, que no hay nada que modificar”, explicó el legislador.

El ojo está puesto en el 911 porque el sábado 12 de diciembre cuando Romano fue asesinada ingresó un llamado denunciando la situación que, sin embargo, fue totalmente desestimado por la operadora que atendió. Un vecino intentó alertar sobre el hecho de violencia de género pero la operadora no cargó la novedad en el sistema y cortó la llamada que podría haber salvado a la joven.

“La importancia de la creación de esta auditoría radica en que la sociedad mendocina tenga una herramienta que aporte a la transparencia institucional, cuyo funcionamiento creemos que ayudará a la eficiencia y calidad de la atención de un servicio tan crítico como lo es la línea 911”, explicó Ilardo.

Además, desde el Frente de Todos señalan que podría garantizarse la “transparencia y el control” al ser un organismo dependiente del Poder Legislativo.

El titular del bloque del Senado de la UCR, Alejandro Diumenjo, prefirió no opinar hasta tanto no profundice en el análisis del proyecto.

“Hoy no lo creo necesario, pero no descarto estas cosas. Todo lo que sea para perfeccionar el funcionamiento de áreas del Estado hay que discutirlo llamando a los sectores involucrados. Se estudiará en comisión después del 1º de mayo”, indicó el legislador.

Qué se auditará

Se analizará la recepción de las llamadas, el despacho o atención del servicio solicitado y la administración de los recursos humanos del sistema. Solamente se controlarán aquellas denuncias que reporten inconvenientes, aunque los aspectos operativos dependerán de la reglamentación que se haga de la ley.

Una vez detectada alguna irregularidad, esa auditoría estará facultada para que las autoridades pertinentes realicen los sumarios que correspondan.

“Si el caso fuera de la gravedad suficiente como para que se pueda presumir la comisión de delitos, la auditoría comunicará dicha circunstancia a la autoridad competente a los fines de las presentaciones judiciales que pudieran corresponder”, explicó Ilardo.

Integrantes

Para formar parte del equipo auditor será una condición excluyente no haber tenido estado policial. La auditoría estará presidida por un coordinador ejecutivo con antecedentes vinculados a la seguridad ciudadana.

En tanto, la Bicameral de Seguridad es la que evaluará los pliegos y elevará a las personas seleccionadas para que sean seleccionadas por el Senado por mayoría simple.

  • Dos representantes de Universidades (públicas y/o privadas).
  • Dos representantes de organizaciones de Derechos Humanos y/o de la Sociedad Civil que en sus estatutos manifiesten pertinencia en las problemáticas que compete.
  • Cuatro representantes de los municipios de la Provincia: uno por la zona Este, uno por la zona Sur, uno por Valle de Uco y otro por el Gran Mendoza.