Con una deuda pública que supera ampliamente los 76 mil millones de pesos y unos ingresos estimados de origen provincial proyectados para el 2020 de 84 mil millones de pesos, la Legislatura se sumergirá hoy en un debate que puede resultar mucho más ardoroso en términos políticos que aquel que se dio por las modificaciones a la ley 7.722. Precisamente, mientras el ambientalismo y las organizaciones en defensa del agua pura siguen organizando manifestaciones en contra de los cambios efectuados a la que se consideraba una “ley antiminera”, el oficialismo y la oposición tienen previsto avanzar hoy en comisiones, en la discusión por los recursos del año que viene, es decir, el presupuesto, y el reparto de los mismos dentro de un nivel de urgencias y de prioridades de alto impacto económico y social.

La Navidad ha pasado dejando una huella de viento, polvo y un notable descenso de las temperaturas. Pero no ha logrado bajar la intensidad de los reclamos ambientalistas y en contra de la promulgación de la nueva ley de minería o ley Suarez, como se la ha comenzado a mencionar informalmente. Puede que sea un debate con un futuro incierto por las características que ha tomado en diferentes sectores de la sociedad, particularmente, el de las generaciones más jóvenes, fuertemente comprometidas con la defensa del medioambiente. Pero, vaya la ironía: Suarez se enfrenta en su primer año de gestión completo, el que se avecina, a una ecuación para nada favorable entre los recursos con los que logrará contar la Provincia con las obligaciones a atender; un hecho que lo ha convencido de que todo su derrotero, al menos, el de los inicios, estará signado por la polémica y un movimiento social en su contra de mucha visibilidad y repercusiones varias, arrancando por la férrea decisión de modificar una norma que ha impedido el desarrollo y la explotación de uno de los potenciales perfiles de crecimiento de Mendoza.

Esa relación entre ingresos propios y deuda ubica a la Provincia entre las más endeudadas y comprometidas financieramente en el escenario nacional. Esta situación es la que se volverá a ventilar enfáticamente desde hoy en la Legislatura. El gobierno de Suarez se enfrentará a un escenario muy distinto del que enfrentó días atrás, cuando dispuso que la primera ley que enviara fuera la que modificó la 7.722. Para ello operó un acuerdo que se había gestado en el inicio de este 2019, que se está terminando, cuando los candidatos a la Gobernación, el por entonces gobernador Alfredo Cornejo, y los empresarios acordaron avanzar detrás del objetivo de modificar la norma antiminera, independientemente de quién terminara imponiéndose en las elecciones. Ese acuerdo fue el que se terminó reflejando sobre el fin de la semana.

Para la discusión sobre el presupuesto, el escenario y el panorama son muy distintos. El peronismo, que se encuentra en el ojo de la tormenta por su posición en favor de los cambios de la nueva ley minera, y cruzado literalmente por una implosión provocada por el pase de facturas internas y las raras volteretas de algunos dirigentes con el controversial asunto, no dejará pasar la oportunidad que tiene de inmediato para recomponer su aspecto y volver a ese estado de supuesta unidad entre sus filas.

La deuda que se tomó durante la administración de Cornejo será la vía de recuperación de la principal oposición, que ha sido inflexible con su negativa de ofrecerle al gobierno de Suarez un nuevo endeudamiento de 300 millones de dólares, que solicita sólo para hacer obras, más el roll over (búsqueda de nuevos plazos para los vencimientos que se avecinan). La pauta de gastos ha llegado a la Legislatura con un déficit de unos 10 mil millones de pesos, porque ha previsto que se gastarán un poco más de 190 mil millones, cuando los ingresos no superarán los 180 mil millones en medio de un contexto que se espera, para la actividad económica en general, casi igual de negativo que el 2019.

En la intimidad de la fuerza opositora, sin embargo, observan que lo peor en el manejo de la deuda aparecerá en el 2022 porque comienzan a vencer los ya famosos 500 millones de dólares que se pidieron prestados en la gestión de Cornejo. Para el 2020, según estiman los mismos técnicos y analistas que entornan a la senadora K y mujer fuerte del peronismo, Anabel Fernández Sagasti, las urgencias en términos genéricos puede que sean las mismas que las de este año –lo que no es poco porque no se agravarán– “pero si siguen los mismos problemas fiscales durante el 2020, a partir del 2021 puede que sean graves, en donde lo primero que se verá será una fuerte caída en la inversión pública”, dicen.

Claro que en el oficialismo ya ven venir el debate y los principales asuntos de discusión, pero sobre la obra pública, que es la que mantiene de alguna manera el nivel de actividad de la construcción, un sector altamente dinamizador, esperan que el arranque de Portezuelo del Viento no se trabe, se confirme y se consolide para los próximos años. Otra mesa de debate político de fin de año se avecina y está todo listo para que cobre vida desde hoy nomás.