La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó la reglamentación de registración de contratos de locación de inmuebles. La medida se pondrá en vigencia el 1 de marzo y en Mendoza ya generó controversia en el sector.

La disposición implica que los contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a registrar la operación.

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“En términos impositivos la disposición no modifica el rol que debe ejercer cada contribuyente, lo que genera malestar es que se impulsa y sanciona en medio de un contexto complejo y esto ha causado un impacto significativo en el mercado inmobiliario local”, expresó Estanislao Puelles Milan, titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza.

Por su parte,  Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, manifestó su rechazo a la medida y aseguró que “cuando no se puede controlar la inflación el Estado usa medidas que en vez de beneficiar perjudican a los trabajadores”.

Histórica retracción inmobiliaria

De acuerdo con lo manifestado por el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios: “La registración de los inmuebles en la AFIP no es el problema, la debacle del sector viene de antes, precisamente con la sanción de la ley de alquileres y la extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impuestos en la pandemia por coronavirus y que implicó el congelamiento de los contratos”.

A raíz de los suscitado, el empresario advirtió que “en menos de un año, el 30% de las viviendas destinadas a alquileres migró a la venta, lo que dejó al mercado desabastecido, es decir, hoy hay más demanda que oferta, la retracción ha sido histórica”.

“Muchos contratos que están vigentes cuando se venzan seguramente optarán por no alquilarlo más, por ponerlo a la venta o directamente por transformar ese dinero en dólares y guardarlos”, agregó.

Irrera tal como su colega aseveró que la medida no hace más que desalentar la formalidad. Es una medida tendenciosa y que llega para hacer más daño al sector.

“Termina siendo una ley que ha beneficiado solamente a los estados. Un inquilino hoy tiene que pagar un 33% más en concepto de sellado, porque pasaron de un contrato que se pagaba por 24 meses, que ahora se multiplica por 36. Eso es un impacto enorme en inquilinos y propietarios, el único ganador es el Estado. Lo mismo pasa con el resto de los impuestos, a eso sumar el mantenimiento y demás”, manifestó Puelles Milan.

La otra cara: algunos inquilinos celebran la noticia

En paralelo, desde el sector de Inquilinos Agrupados, quienes promovieron la inciativa oficialista y está alineados con la gestión actual, celebraron la medida dispuesta por el Ejecutivo.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional se expresó en las redes y aseguro: “Ahora se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condiciones. Medida fundamental para que los gobiernos puedan llevar adelante políticas públicas para mejorar las condiciones del acceso a la vivienda”.

En otro apartado de su extenso descargo manifestó: “Se termina la posibilidad del incumplimiento de la ley de alquileres. Estamos muy orgullosos de la ley de alquileres y la seguiremos defendiendo hasta que se implemente y se controle en su totalidad”.

Finalmente expresó: “En un mercado que se calcula el 80% se maneja en la informalidad es fundamental esta medida para terminar con una evasión multimillonaria, para que los inquilinos reciban facturas y puedan hacer cumplir sus derechos. Además, los propietarios que quieran llevar adelante juicios de desalojos deberán haber declarado el contrato de alquiler previamente”.