El hombre confesó el hecho.

El expediente que había quedado encaminado hacia un juicio por tentativa de femicidio a principios de agosto, pero terminó resolviéndose de una manera diferente. Rubén Darío Castro, acusado de haber baleado en el rostro a su expareja y cuyo caso comenzó a investigarse como un presunto robo, fue condenado este martes a cuatro años y siete meses de prisión, luego de un acuerdo entre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y la defensa, a cargo del abogado Nicolás Camani.

El juez Alejandro José Miguel homologó el juicio abreviado y convalidó el cambio de calificación: Castro ya no fue condenado por tentativa de femicidio, sino por lesiones graves.

El desenlace representó un giro respecto de la situación procesal que el acusado tenía apenas unas semanas atrás. A principios de agosto, la jueza Claudia Tula había rechazado todos los planteos de la defensa, confirmado el requerimiento de elevación a juicio y sostenido la acusación por tentativa de femicidio.

En aquella resolución, la magistrada había considerado que existían elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esa etapa del proceso, que Castro había actuado con intención de matar a la mujer. También había rechazado el pedido de sobreseimiento y el beneficio de la prisión domiciliaria.

Pero el juicio oral finalmente no llegó a realizarse. Antes del debate, las partes alcanzaron un acuerdo que modificó sustancialmente el encuadre jurídico del hecho y permitió cerrar el expediente mediante un juicio abreviado.

El día del hecho de sangre

El ataque ocurrió durante la tarde del 20 de mayo del año pasado y, desde el comienzo, la investigación estuvo marcada por una versión que rápidamente comenzó a perder fuerza.

La víctima, que tenía 37 años por aquellos días, llegó al Hospital Lagomaggiore con un disparo en el pómulo izquierdo. En un primer momento aseguró que había sido atacada por dos delincuentes que pretendían robarle mientras caminaba por la calle.

Sin embargo, mientras los policías tomaban contacto con ella en el hospital, un llamado al 911 abrió otra línea de investigación. La comunicación advertía sobre una violenta discusión en una casa de la manzana I del denominado Fuerte Apache, en el corazón del barrio San Martín.

Los testigos señalaron que una mujer había salido ensangrentada de la propiedad junto con un hombre identificado como Rubén. Según esa reconstrucción, el hombre la subió a un Peugeot gris y la trasladó hasta el hospital antes de retirarse del lugar.

La escena encontrada por los pesquisas terminó de poner en duda la versión del asalto callejero.

Efectivos de la División Homicidios, Policía Científica y la Unidad Investigativa de Capital inspeccionaron la casa y encontraron manchas de sangre que comenzaban en la cochera, seguían por la vereda y llegaban hasta la calle.

Para los detectives, esa secuencia no coincidía con un ataque cometido durante un robo en la vía pública y reforzaba la teoría de que el disparo se había producido dentro de la casa.

Otro elemento que tuvo peso durante la instrucción fue la primera declaración de la hija de la víctima. La joven había señalado inicialmente que el disparo se produjo en una de las habitaciones y que el autor había sido su padrastro.

Aunque después modificó esa versión, los policías tuvieron en cuenta aquel primer relato junto con el resto de las evidencias reunidas durante la pesquisa.

De la tentativa de femicidio al acuerdo

Con esos elementos, la fiscal Andrea Lazo había ordenado la captura de Castro. Horas después del ataque, efectivos de la División Homicidios lo encontraron en una propiedad de Dorrego, Guaymallén. En ese procedimiento también fue secuestrado el Peugeot gris utilizado para trasladar a la mujer hasta el hospital.

La investigación avanzó entonces sobre la hipótesis de que el acusado había sido el autor del ataque. Esa reconstrucción había quedado plasmada en la acusación que llevó a la jueza Tula a confirmar la elevación a juicio por tentativa de femicidio.

Este martes, sin embargo, el expediente terminó con otra calificación y una pena de cuatro años y siete meses de prisión efectiva.

El acuerdo entre la fiscal Lazo y la defensa evitó el debate oral que había quedado previsto luego de la resolución de agosto y puso punto final al proceso con la homologación del juez Miguel.