El juez federal Marcelo Garnica rechazó este martes por la mañana la libertad de los cuatro detenidos que tiene la causa por la desaparición del empresario Diego Alfredo Aliaga. De esta forma, Diego Barrera, su pareja, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, seguirán en la cárcel mientras continúa el desarrollo de la instrucción.
El juez tampoco hizo lugar al pedido de la defensa de prisión domiciliaria.
De acuerdo con fuentes del caso, para los investigadores del expediente existe riesgo de fuga (por el dinero que manejaban los sospechosos) y entorpecimiento de la investigación si accedían a algún tipo de beneficio.
Ante la resolución del magistrado -también se había opuesto el fiscal federal Fernando Alcaraz-, la defensa de los imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas (prevé de 10 a 25 años de cárcel, sostiene el Código 170 del Código Penal), presentará un recurso para que defina la Cámara de Apelaciones.
Este nuevo avance en la instrucción se conoció justo cuando este martes se cumplieron 28 días de la desaparición del empreseario de 51 años. Para los detectives, tanto Barrera, quien es sindicado como un socio de Aliaga, como su familia, tuvieron algún grado de participación en la desaparición.
No sólo eso, también con el llamado extorsivo que recibió la familia del ex despachante de aduana un día después de que dejaron de verlo.
Tal como publicó El Sol, el teléfono que utilizaron para exigirle un millón de dólares al hermano de Aliaga a cambio de su liberación, fue vendido en un local de Las Heras y uno de los hijastros de Barrera, habría sido el comprador, tal como relevaron fuentes del caso.
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Lo cierto es que Aliaga dejó de ser visto el citado día por la tarde, cuando tenía pensado juntarse con Barrera en una propiedad de calle Bandera de los Andes que habían adquirido para abrir una clínica de rehabilitación. Después de ese encuentro, nada se supo del empresario oriundo del barrio Palmares de Godoy Cruz.