La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología (Anmat) decidió permitir otra vez un medicamento masivo que la misma organización había prohibido menos de un mes antes, ante la presión de laboratorios para que dieran marcha atrás.

Se trata de un comprimido diario para la artorisis, que se vende en cajas de 30 por uno 1.200 pesos, según informó diario Perfil. Se trata de la primera vez que se sigue vendiendo, por pedido de los fabricantes, un producto prohibido.

Quien firmó el 29 de noviembre la orden de retirar las  16 marcas comerciales del producto más popular contra la artrosis (una combinación a dosis fijas de glucosamina y meloxicam que se vende en un solo comprimido o sobre) fue el entonces titular de la Anmat, Carlos Chiale.

La base de la decisión la promovió, con respaldo de la comunidad médica, el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), definiéndola como una “asociación innecesaria e irracional” de drogas. Jaime Lezovski, entonces titular de la entidad, explicó que “se estaba induciendo un uso crónico de una asociación que aumenta los riesgos”, dado que el meloxicam debe tomarse el menor tiempo posible ante la posibilidad de sufrir un infarto o hemorragia difestiva. A su vez, está cuestionado el efecto de la flucosamina  contra la artrosis.

Según la resolución que prohibió esta combinación, se había consultado a “diversas agencias sanitarias” de Europa, Estados Unidos, España, Francia, Brasil y México y que “solo se encontró un registro con dicha combinación de ingredientes farmacéuticos”. También se resaltó que el meloxicam, al igual que el resto de los antiinflamatorios, “es un fármaco cuestionado debido a las alertas cardiovasculares de las agencias regulatorias internacionales”, en especial cuando se consume durante mucho tiempo.

La Anmat establecía, por lo tanto, que “en noventa días corridos” debían salir de circulación todos los productos, aunque permitía recetar al paciente ambas drogas por separado para minimizar efectos negativos.

Según la consultora Iqvia, en un año se vendió en Argentina cerca de 1.500 millones de pesos de este medicamento, la mayoría a jubilados de PAMI, a quienes dejaron de cubrírselo por cuestionar su seguridad y eficacia y tras presentar el caso en la Anmat.

Se trata de un segmento en el que participan las principales empresas farmacéuticas del país, como Roemmers, Bagó y Elea, pero que lidera, con cerca del 50% del mercado, el laboratorio Raffo, propiedad del argentino Julio Rodríguez Espósito, residente en Estados Unidos.

Además, desde Argentina, donde Raffo creó la asociación en 2004, se exporta buena parte de las casi 750 mil unidades que se venden principalmente en México, Ecuador y Paraguay, entre otros destinos.

Ante esto, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) recriminó a Chiale no haber sido consultada durante el proceso de decisión y presentó un recurso contra la medida. De acuerdo con Perfil, el propio Chiale pidió a su equipo que se retractara y revisara su trabajo, pero el consenso técnico fue total, a tal punto que el administrador (por pedido de laboratorios) terminó impidiendo que participaran de las reuniones con las empresas los responsables del informe. 

El 13 de diciembre, Chiale firmó la Resolución 10107 rehabilitando la venta de glucosamina y meloxicam juntos, mientras llamó a formar una comisión de farmacólogos para que en 120 días hábiles den su opinión sobre qué hacer con el asunto. En la resolución explicó que Cilfa y también la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos habían planteado que se había vendido ese producto durante “diez años sin que existan y/o hayan ocurrido ni histórica ni recientemente sucesos y/o alertas”. 

Luego, el 16 de diciembre, la Anmat pidió resaltar más en los prospectos los riesgos cardiovasculares de los productos en cuestión.

Esa misma semana se realizó el primer encuentro del comité de expertos, donde coincidieron que era correcta la prohibición, pero luego se produjo el cambio de gobierno. Chiale dejó su cargo y ahora deberá intervenir la nueva conducción de la Anmat, que lidera Manuel Limeres. Desde el organismo aseguraron que están “estudiando el tema”. 

“No se dio marcha atrás”, afirmó Chiale al ser consultado sobre por qué suspendió la prohibición pese a la negativa del equipo técnico y la comunidad médica. “Solo se tomó la decisión de convocar a farmacólogos externos para que avalen la medida; ya en diciembre se reunió el grupo externo”, agregó, y resaltó el mismo argumento de Cilfa: “Se dispensaron miles de lotes durante años sin reportes en el sistema nacional de farmacovigilancia”.