La Unión Industrial de Mendoza (UIM) y Mendoza Clúster Energético resaltaron la importancia de que el proceso de licitación de la mega obra de Portezuelo del Viento, se realice con reglas de juego claras y equitativas para todos los que participen en ella.
Las entidades dieron a conocer su postura, luego de que un funcionario del Ministerio de Infraestructura –Mario Chicahuala– tuviera una salida escandalosa por participar desde el sector privado, como consultor y a la vez oficiar de gabinete de esa cartera.
En la comunicación se hace un repaso de todas las acciones preparatorias y de las capacitaciones que se han hecho hasta el momento desde el Clúster Portezuelo del Viento, para este proyecto que abastecerá de energía, no sólo a Mendoza, sino que aportará al sistema interconectado nacional.
“Desde la publicación de los pliegos en setiembre del 2019, la UIM junto a otras cámaras empresarias, el Gobierno provincial a través del IDITS, organismos técnicos (…) conformaron un clúster (…) para sentar las bases de un nuevo modelo para el desarrollo y fortalecimiento de sus pymes en todo el territorio provincial”, comienza el parte.
Y detalla que hasta abril de este año, “se logró consolidar más de 100 empresas pymes mendocinas en condiciones de elaborar una propuesta de trabajo específica según los estudios técnicos realizados al pliego, para ser presentada al consorcio que lidere la obra. Esto sin considerar aún a las restantes empresas registradas en la base del IDITS, que esperan recibir programas de asistencia y fortalecimiento para ser parte de una obra que durará al menos 5 años. En total hay más de 350 pymes vinculadas a los sectores de Obra Civil, Metalmecánica y Servicios”.
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En ese contexto, los organismos del sector privado pusieron en valor la posibilidad de trabajo que permite esta licitación de gran envergadura y abogaron para que “este proceso sea un ejemplo de transparencia e integridad desde su inicio hasta su finalización“.
“Es importante destacar que el pliego de la licitación en la hoja 10 de las Bases y Condiciones Legales Particulares, establece que tanto el Oferente -a quién se le adjudique la obra- como también sus contratistas y subcontratistas o proveedores deberán adecuarse a la Ley Nacional Nº 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, presentando un programa de integridad y transparencia que deberá estar vigente durante toda la obra, pudiendo el gobierno sancionar y hasta rescindir el contrato ejecutando las garantías si esto no se cumpliera”, se subraya en la comunicación emitida este viernes.
El comunicado