Jorge Nanclares no aguantó. Más allá de haber sido ministro de la Suprema Corte durante casi 33 años, no pudo soportar el embate de los últimos meses y la presión a la que estuvo sometido desde todo punto de vista. Su nombre comenzó a ser blanco de la política y de la opinión pública. Y no tuvo resto para seguir adelante con el modelo que supo poner en práctica desde 1993, cuando, salvo por un breve período de Alejandro Pérez Hualde, alternó la presidencia del máximo tribunal con Pedro Llorente, ahora único sobreviviente de esa vieja camada nombrada por Santiago Felipe Llaver.

Tampoco es que Nanclares haya sido una víctima ni mucho menos. Lejos está de ser un pobre abogado que le tocó en suerte estar en ese lugar y terminó devorado por el sistema. Más allá de su aspecto que mezcla la imagen de un hombre entre bonachón y demasiado desalineado para el cargo al que renunció, siempre supo las reglas de juego. Es más: ayudó a escribirlas y a ponerlas en práctica, hasta que el cambio de época se le vino encima.

Dentro de la lógica del Poder Judicial de Mendoza, con Nanclares se va un hombre honesto. Es un razonamiento extraño el que germina en los pasillos de tribunales. Allí, usar recursos del Estado y abusar de la autoridad conferida para nombrar en cargos onerosos a familiares y amigos no es más que una picardía o viveza criolla. Una práctica en la que todos entran y de la que todos se alimentan. Es casi un vicio judicial. Es el festival de la dedocracia. O más que eso: es el lugar donde se dirimen amistades y donde las relaciones sentimentales se consuman con nombramientos y cambios de favores. Si ponés a mi novio acá, pongo a tu novia allá… Y así con primos, sobrinos, yernos, nueras, hermanas, cuñadas, choferes y jardineros. Una maniobra excesivamente vulgar para quienes están acostumbrados a la ingeniería y a la complejidad de la rosca política. Pero es así.

Así se maneja la Justicia en Mendoza. Basta repasar el listado de los equiparados a magistrados –gente que cobra como juez o fiscal sin serlo- para ver cómo es en engranaje. Están los merecimientos, por un lado, y las desigualdades, por el otro. Personas que, con el mismo cargo, reciben salarios que pueden tener diferencias de entre 100 mil y 200 mil pesos; subdirectores que cobran casi el doble que un director, o salarios que superan los 300 mil pesos mensuales y que no influyen en nada en la vida judicial de la provincia. Precisamente, eso lo terminó condenando a Nanclares.

Cuando a mediados de febrero decidió reducir la planta de personal de los juzgados de Gestión Asociada (Civiles) y asignar esos recursos al fuero de Familia, Nanclares casi que firmó la renuncia que este martes salió publicada en el Boletín Oficial y que se hará efectiva el día que cobre por primera vez la jubilación.

Con esa medida, el por ahora presidente de la Corte agitó un avispero inesperado. La reacción tuvo dos focos de conflicto: el primero, la furia de los jueces civiles porque les sacaban recursos, y decidieron abrir el placard para que salieran todos los muertos que estaban archivados; entre ellos, la designación del Carlos Quiroga Nanclares (sobrino de Jorge) en un cargo administrativo y con sueldo de magistrado. Apuntaron a él como el autor intelectual del proyecto y de ese modo abrieron el segundo frente: los equiparados. Esta vez, la jugada incluyó hacer público el bono de sueldo de la secretaria del titular de la Corte, Elizabeth Carbajal, cuya remuneración de más de 400 mil pesos escandalizó al mundo político y le permitió al gobernador Rodolfo Suarez mostrarse indignado y prometer una ley para terminar con las desigualdades y con los manejos discrecionales; una respuesta que le dio la posibilidad de amigarse con la opinión pública luego de la fallida experiencia minera.

El cargo de presidente de la Corte es más que nada institucional. Salvo por ser el que define en una votación plenaria, su incidencia es mínima, pero de alto contenido simbólico. Era el último bastión que necesitaba Alfredo Cornejo antes de abandonar la gobernación. Terminar con una imagen positiva alta, controlar políticamente la Legislatura y dejar a un hombre suyo al frente de la Justicia. Ese objetivo final se frustró cuando Nanclares se convirtió en la cara del ala peronista del máximo tribunal para ocupar ese lugar, y ni José Valerio ni Dalmiro Garay lograron imponerse. A partir de allí, comenzó el derrotero hasta la dimisión.

La Corte funciona como una cofradía en los momentos de amnistía en que se cruzan favores y nombramientos. Cuando eso no ocurre, la puja política es brutal. Hay dos sectores claramente delimitados. Uno es el radical, con Pedro Llorente, José Valerio y Dalmiro Garay, con estos dos últimos como principales operadores políticos. El otro es el peronista, con Julio Gómez, Omar Palermo y Mario Adaro; y, al igual que en el caso anterior, los últimos son los más diestros para la rosca, pero con una diferencia: se mueven libres y no tiene un jefe determinado ni obediencia debida. Dedican más tiempo a tejer el entramado del poder hacia adentro, con cargos que vuelan por debajo del radar político.

En ese contexto, con esa polarización, Nanclares, que siempre buscó hacer equilibrio, se sintió expuesto y consciente de que, lo que para adentro es sólo una travesura, para afuera es un abuso de poder. Quedó solo y sin espalda.

“Tuve una charla con el gobernador y luego de eso presenté mi renuncia. Lo que hayamos hablado quedará en el ámbito privado”, declaró apenas se conoció la noticia. Clarísimo.